África Occidental y Central

Evolución del contexto y la crisis

En los dos últimos años, ha surgido una grave crisis de protección y desplazamiento en Burkina Faso. Se basa en la inseguridad y el conflicto, ya que los grupos armados no estatales han atacado cada vez más a las instituciones gubernamentales y a los civiles con ataques mortales. A octubre de 2020, más de un millón de personas habían sido desplazadas en menos de dos años.

Las repercusiones más graves se sienten en zonas ya frágiles del país, en las que gran parte de la población se ha sentido durante mucho tiempo excluida de la toma de decisiones. El aumento de la tensión intercomunitaria, la estigmatización entre las comunidades por motivos étnicos u otros factores y la mayor erosión de la confianza en el gobierno, vinculada a los problemas de protección y de derechos humanos, están exacerbando la situación anterior a la pandemia de la COVID-19, que ha tenido un nuevo efecto perjudicial. Además, Burkina Faso experimentó fuertes lluvias y vientos violentos en 2020, que afectaron a 106.000 personas, la mayoría de las cuales ya estaban desplazadas por el conflicto.

El número de personas con inseguridad alimentaria casi se ha triplicado en el último año, pasando de 1,2 millones a 3,3 millones. Por primera vez en 10 años, la evaluación de la seguridad alimentaria (realizada en julio de 2020) clasificó a dos provincias de la región del Sahel como en condiciones de emergencia (CIF 4), lo que afecta a 500.000 personas. De esas personas, 11.000 corren el riesgo de sufrir condiciones catastróficas (CIF 5). Las tasas globales de desnutrición aguda se sitúan entre el 15% y el 17%, y las tasas de desnutrición grave se sitúan entre el 4% y el 6% entre los desplazados internos en varias de las zonas más afectadas y/o de difícil acceso de las regiones del Centro-Norte y el Sahel.

Las necesidades de protección van en aumento, ya que, según fuentes oficiales, el 2,1% de los desplazados internos viven con discapacidades. Esta cifra es el doble de la media nacional. Más de un tercio de los niños corren el riesgo de ser reclutados por los grupos armados, de realizar trabajos forzados o de sufrir otros problemas de protección, y el 1% de los niños desplazados internos no están acompañados. Las mujeres y las niñas, que constituyen el 54% de los desplazados internos, corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género por parte de los grupos armados; muchas de ellas se ven obligadas a adoptar mecanismos negativos para hacer frente a la situación, incluido el comercio sexual para sobrevivir.

Cerca de un millón de personas se ven afectadas por el cierre o el funcionamiento mínimo de 323 centros de salud. Cuando comenzó el nuevo año escolar, 350.000 niños quedaron sin acceso a la educación debido al cierre de más de 2.200 escuelas. El efecto de la COVID-19 en la economía exacerba diferentes vulnerabilidades. Un estudio realizado en agosto de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Demografía indica que una cuarta parte de los hogares no tiene acceso a los alimentos básicos en un momento dado, mientras que el 10% de las personas empleadas perdieron su trabajo.

En 2020, el financiamiento humanitario de Burkina Faso se ha duplicado con creces, pero la insuficiencia de fondos sigue siendo una limitación importante para la acción humanitaria, ya que las necesidades y los requerimientos siguen superando al financiamiento y la capacidad. Para 2020, al 25 de noviembre sólo se había recibido el 55% del financiamiento necesario.

Situación prevista para 2021 y más allá

En total, 3,5 millones de personas de las zonas abarcadas por el Plan de respuesta humanitaria 2021 necesitan asistencia humanitaria multisectorial. Esto supone un aumento del 60% con respecto a principios de 2020. Más de 1,3 millones de personas necesitan apoyo para asegurar su bienestar físico y mental. A pesar de su increíble generosidad y resistencia, el pueblo burkinabé se vuelve cada vez más incapaz de hacer frente a esta crisis multidimensional.

Las personas que necesitan asistencia se concentran en seis regiones abarcadas por el Plan de Acción Humanitaria de 2021: el Sahel, el Centro-Norte, el Norte, el Boucle de Mouhoun, el Este y el Centro-Este (recientemente incluidas en 2021). Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas desplazadas, tanto los desplazados internos como los refugiados. De esas personas, 19.000 son principalmente nacionales de Malí; las personas de las comunidades de acogida, en particular cuando las personas desplazadas superan a los residentes; y las personas de las zonas en que el conflicto y la inseguridad actuales dificultan gravemente el acceso de la ayuda humanitaria. Las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos y las personas que viven con discapacidades experimentan la mayor concentración de necesidades.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias darán paso a un nuevo gobierno en 2021. En el pasado, la agitación social ha acompañado a esas transiciones, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan nuevos problemas de acceso a los servicios sociales básicos, como la salud, la educación y las finanzas públicas. Según la información meteorológica, es probable que las inundaciones y los vientos violentos experimentados en 2020, que afectaron gravemente a los hogares ya vulnerables, vuelvan en 2021.¹

Prioridades de la respuesta en 2021

Habida cuenta del empeoramiento de la situación, es necesario seguir aumentando la capacidad de respuesta en 2021, así como realizar esfuerzos concertados para hacer frente a las disparidades que quedan ocultas por los resultados de la respuesta en general. Será esencial asegurar una mayor capacidad y cobertura de las medidas de respuesta rápida, asegurar materiales de alta calidad y más duraderos, cumplir las normas nacionales e internacionales, ampliar y normalizar la programación basada en el efectivo y ampliar la cobertura de los sistemas de remisión de la protección y los servicios de apoyo.

La comunidad humanitaria ha priorizado y apoyado colectivamente un mayor compromiso y responsabilidad con las comunidades. Los resultados iniciales de la encuesta de percepción y satisfacción muestran que las comunidades afectadas dan prioridad a la asistencia alimentaria, la atención de la salud y la vivienda adecuada entre sus necesidades más urgentes, así como al fortalecimiento del acceso a los servicios sociales básicos, incluidos los servicios de agua, saneamiento e higiene, la educación y los servicios de protección y apoyo. Los resultados de la misma encuesta indican que la insuficiencia de la asistencia disponible, tanto en el número de personas a las que se llega como en la duración del apoyo, son fuentes de descontento.

El continuo aumento de las necesidades de financiamiento en 2021 se debe al aumento de las cifras previstas y al incremento de los costos unitarios, entre otras cosas debido a las medidas relacionadas con la COVID-19. Se han incluido nuevas esferas de acción humanitaria, como la gestión de instalaciones y nuevos servicios comunes, como el UNHAS y la logística. Algunos grupos temáticos también necesitan hacer inversiones importantes, como las relacionadas con el alojamiento y las instituciones financieras nacionales, en beneficio de los desplazados internos después de más de dos años de esfuerzos limitados y centrados en el uso inmediato.

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

Las necesidades humanitarias en nueve de las diez regiones del Camerún continúan debido a tres crisis simultáneas que afectan al país: El conflicto de la cuenca del lago Chad, la crisis del noroeste y sudoeste y la crisis de los refugiados del África central en las regiones orientales. La asistencia necesaria va desde el salvamento inmediato hasta la recuperación prolongada.

En 2020, la violencia se intensificó contra los civiles en el extremo norte de Camerún. Camerún sigue siendo el segundo país más afectado por la emergencia de la cuenca del lago Chad. Las hostilidades en curso han desplazado a 560.000 personas,² lo que representa un aumento de más de 72.000 personas desde octubre de 2019. Los ataques armados, los secuestros, incluso de niños, y el saqueo y la destrucción de bienes e infraestructura siguen causando traumas físicos y psicológicos. La inseguridad está exacerbando el ya limitado acceso a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud. Las epidemias como el cólera, la meningitis y el sarampión son recurrentes.

El exceso de lluvias desde julio de 2020 ha causado inundaciones generalizadas en cinco regiones de Camerún. Sólo en la región del Extremo Norte se vieron afectadas más de 170.000 personas. La pérdida de medios de subsistencia a causa del conflicto armado, las repercusiones socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19, así como la destrucción de viviendas, bienes, cultivos y campos a causa de las inundaciones han dado lugar a un aumento drástico de la inseguridad alimentaria. Se estima que 630.000 personas padecerán inseguridad alimentaria entre junio y agosto de 2021,³ lo que supone un aumento del 50% en comparación con el mismo período en 2020.⁴

Lo que comenzó como una crisis política en las regiones sudoccidental y noroccidental en 2017 se ha convertido ahora en una importante y compleja emergencia humanitaria que ha desplazado a más de 1 millón de personas.⁵ Se estima que unos 700.000 niños no están escolarizados debido a la crisis en las regiones noroccidental y sudoccidental. Los estudiantes y los maestros son asesinados, secuestrados, torturados, atrapados en el fuego cruzado y sometidos a arrestos y detenciones arbitrarias.

En las regiones de Adamawa, Este y Norte, el Camerún acoge a 284.000 refugiados de la República Centroafricana,⁶ lo que está ejerciendo una presión considerable sobre los ya limitados recursos naturales y servicios sociales básicos de las comunidades de acogida y exacerbando las vulnerabilidades preexistentes. El 70% de los refugiados no tiene educación formal y el 46% no tiene ninguna fuente de ingresos. Las niñas y las jóvenes tienen más probabilidades de no asistir a la escuela y son particularmente vulnerables a los matrimonios forzados y precoces y a otras formas de explotación sexual.

Situación prevista para 2021 y más allá

En 2021, 4 millones de personas en el Camerún necesitarán asistencia humanitaria. En 2021, el Camerún será el duodécimo país del mundo con mayor riesgo humanitario, con un índice INFORM de 6,6 en una escala de 10. La tendencia es un claro deterioro de la situación de riesgo humanitario en comparación con 2020 (vigésimo cuarto país con un índice de riesgo humanitario de 6 sobre 10). Los riesgos son particularmente elevados en las regiones del extremo norte (7,3), noroeste (6,5), suroeste (6,2) y este (6,1). Los riesgos más elevados están vinculados a los conflictos, las epidemias y las inundaciones. Se prevé que la situación de seguridad seguirá deteriorándose en las regiones del extremo norte, noroeste y sudoeste en 2021, con un índice de riesgo de conflicto de 8 para las regiones del extremo norte y noroeste y sudoeste.

También se prevé que el acceso limitado de la ayuda humanitaria debido a la falta de financiación, la inseguridad y la deficiente infraestructura de carreteras siga siendo un impedimento fundamental para llegar a las personas necesitadas. El acceso de las organizaciones de socorro será cada vez más complejo y peligroso a medida que se deteriore la seguridad y las organizaciones humanitarias sean cada vez más blanco de los grupos armados no estatales.

Prioridades de la respuesta en 2021

El Plan de Respuesta Humanitaria 2021 dará prioridad a los 2,4 millones de personas más vulnerables sobre la base de un análisis de la gravedad de las necesidades en todos los sectores, con un requisito financiero de 360 millones de dólares. Además de atender las necesidades más urgentes, el enfoque adoptado en Camerún reconoce que las necesidades humanitarias se ven exacerbadas por causas estructurales subyacentes. Cuando y donde sea apropiado, las actividades de respuesta se planifican en complementariedad con los actores del desarrollo y del Estado para maximizar los efectos, en particular en las zonas geográficas, potenciando la contribución de la acción humanitaria a la obtención de resultados colectivos y al logro de los objetivos estratégicos del desarrollo. La protección sigue siendo una prioridad en la respuesta humanitaria en el Camerún.

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

A pesar de la firma del Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación (APPR) en febrero de 2019, la situación de la seguridad en la República Centroafricana sigue siendo muy inestable. El continuo aumento de las actividades de los grupos armados, los enfrentamientos violentos por el control de los recursos naturales y los conflictos intercomunales, incluidos los relacionados con la trashumancia, han mermado aún más la capacidad de la población para soportar múltiples impactos. Uno de cada cuatro centroafricanos está desplazado, ya sea dentro o fuera de la República Centroafricana. En septiembre de 2020, casi 641.000 personas estaban desplazadas internamente, lo que representaba un aumento del 8% en comparación con el mismo período de 2019.

La pandemia de la COVID-19 ha infligido un golpe devastador al sector económico de un país que ya ocupaba el penúltimo lugar en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Las restricciones y medidas de confinamiento de la COVID-19 también han aumentado los riesgos de protección. De abril a junio, el número de menores que sufren de violencia de género aumentó significativamente en Bangui. El cierre de escuelas expuso a cientos de miles de niños a riesgos adicionales de reclutamiento en grupos armados y a las peores formas de trabajo, en particular en las minas. Se registra un caso de violencia de género por hora a través del sistema VBGIMS, que abarca sólo el 42% del territorio. El número de casos de violencia de género registrados se duplicó en la capital, Bangui. Los impactos secundarios de la COVID-19, la inseguridad alimentaria y la desnutrición se han extendido a los centros urbanos, como Bangui y Bimbo.

Se ha producido un mayor deterioro en el contexto socioeconómico y está cerca del colapso, lo que afecta gravemente a los precios de los productos básicos, el mercado laboral y el poder adquisitivo de los hogares en un momento en que el costo medio de la Canasta Básica de Gastos Mínimos de Supervivencia aumentó en un 10%.

Los impactos de las devastadoras inundaciones de 2019, que afectaron a 100.000 personas, todavía se sienten en la capital. Miles de personas permanecen en los sitios de desplazamiento y miles más están buscando refugio de las lluvias torrenciales de este año. Hasta noviembre de 2020, más de 24.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones causadas por el cambio climático. Las zonas con una alta concentración de desplazados internos son las más propensas a las epidemias, como el sarampión y las enfermedades transmitidas por el agua. Sólo uno de cada tres centroafricanos tiene acceso a agua potable y a instalaciones sanitarias.

La República Centroafricana es uno de los países más peligrosos del mundo para los trabajadores humanitarios, con más de un incidente contra trabajadores humanitarios registrado cada día. Entre enero y octubre de 2020 se registraron 344 incidentes de seguridad, lo que supone un aumento del 42% en comparación con el mismo período del año anterior.

Situación prevista para 2021 y más allá

Se estima que 2,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, entre ellas 1,9 millones de personas con necesidades graves. Esto representa la mayor gravedad de los últimos cinco años. Al no haber mejorado la seguridad y los factores estructurales de la crisis y al surgir nuevas crisis y puntos conflictivos, se ha registrado un brusco deterioro de los principales indicadores humanitarios. En la situación prevista, 2,3 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, con 525.000 personas en la fase cuatro de la CIF. En general, a nivel intersectorial, 52 subprefecturas han alcanzado el umbral de gravedad 4, y 20 subprefecturas han alcanzado el umbral de gravedad 3.

Con una puntuación de 7,8, la República Centroafricana ocupa el quinto lugar en el mundo en cuanto a nivel de riesgo, según el índice INFORM 2021. Esto se debe al alto riesgo de conflicto, las vulnerabilidades socioeconómicas y la falta de capital humano. La República Centroafricana está clasificada como el país más vulnerable del mundo a la COVID-19. Esto se debe al pobre acceso a las estructuras de agua y saneamiento, combinado con la vulnerabilidad económica de los hogares y la insuficiente cobertura de salud. El país también está experimentando fuertes lluvias, con consecuencias devastadoras en las zonas fronterizas con el Chad y el Congo y en la capital, Bangui. Otros riesgos adicionales son el resurgimiento del ébola en la vecina República Democrática del Congo y las elecciones presidenciales del 27 de diciembre de 2020. Los brotes de violencia probablemente darían lugar a más desplazamientos y a un mayor aumento de las necesidades humanitarias.

Prioridades de la respuesta en 2021

La comunidad humanitaria ayudó a 1,4 millones de personas entre enero y septiembre de 2020. Esas personas constituían el 78% de la población a la que se dirigía el programa de salud pública en 2020, incluidas las que se encontraban en zonas de difícil acceso. Los actores humanitarios pudieron llegar a más personas en 2020 en comparación con el año anterior. Ello fue así a pesar de un entorno de seguridad cada vez más volátil, de limitaciones logísticas como el deterioro de las carreteras y los puentes, y de la ausencia de servicios estatales fuera de la capital. Las tres cuartas partes de los beneficiarios han informado de que se sienten seguros al acceder a la asistencia humanitaria y se sienten cómodos presentando quejas ante los proveedores de asistencia.

En 2021, los socios humanitarios seguirán ampliando los enfoques de respuesta integrados y multisectoriales. Esto incluye el fortalecimiento de los esfuerzos para proteger y ayudar a los más vulnerables, incluidas las personas que viven con discapacidades y las mujeres, niñas y niños que corren el riesgo de sufrir violencia de género. Se dará prioridad a una mejor comprensión de los obstáculos a que se enfrentan las personas con discapacidades y a garantizar su plena inclusión en los ejercicios de selección de objetivos, dado que el 57% de las personas con discapacidades declararon no poder acceder a los servicios. También se dará prioridad a la mejora de los mecanismos de retroalimentación, ya que el 76% de los civiles afectados entrevistados declararon no saber cómo presentar una denuncia.

Se seguirá dando prioridad a las consultas para garantizar la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. Los socios humanitarios también seguirán esforzándose por prestar asistencia de emergencia a las comunidades en zonas de difícil acceso mediante una estrategia de acceso que tenga en cuenta los conflictos y mecanismos de respuesta flexibles y localizados. Las actividades de preparación y los esfuerzos de respuesta serán una prioridad, debido al creciente impacto de las catástrofes climáticas. En el espíritu del Nexo, los actores humanitarios buscarán la complementariedad con los proyectos de soluciones duraderas, los planes de protección social y los programas de reducción del riesgo de desastres en las zonas de convergencia.

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

En 2020, Chad se vio afectado por la creciente inseguridad dentro de sus fronteras y en los países vecinos, la fragilidad económica intensificada por la pandemia de la COVID-19, un contexto sanitario precario y el impacto de los acontecimientos destructivos relacionados con el clima. El impacto socioeconómico de la pandemia exacerbó las vulnerabilidades preexistentes, incluidas las de las personas -muchas de ellas mujeres- que trabajan en el sector informal. El contexto se caracterizó por el cierre de las fronteras, el desplome del precio del petróleo, el aumento de los precios de los alimentos y la parálisis inicial de la estructura económica, incluidos los altos niveles de desempleo durante varios meses.

La situación de seguridad siguió siendo preocupante en la provincia de Lac, incluidos los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y el ejército de Chad y la declaración de una "zona de exclusión" para los civiles. En consecuencia, el número de desplazados internos en esa provincia aumentó a 336.000, lo que representa un incremento del 98% en comparación con 2019. En Chad meridional y oriental, unos 480.000 refugiados de la República Centroafricana y Sudán siguen dependiendo de la asistencia humanitaria. En 2020 llegaron al Chad oriental casi 20.000 nuevos refugiados debido a la persistencia de los enfrentamientos entre comunidades en Darfur. También ha continuado el conflicto entre comunidades de agricultores y pastores, en particular en el sur.

Las inundaciones más intensas, comparadas con las de 2019, provocaron importantes pérdidas en los medios de subsistencia de los agricultores y los pastores, especialmente en el centro, el este y el sur, y afectaron a unas 388.000 personas. Por primera vez desde 2012, la capital también se vio gravemente afectada por las lluvias excesivas. Los ríos se desbordaron. Unas 35.000 personas necesitaron ayuda.

El impacto socioeconómico de la COVID-19 afectó a la situación alimentaria y nutricional de las personas más vulnerables. En 2020, el número de personas gravemente inseguras desde el punto de vista alimentario seguía siendo de 1 millón. Según los resultados preliminares de la evaluación de la seguridad alimentaria realizada en noviembre (Cadre Harmonisé), 2 millones de personas necesitan ahora apoyo para sus medios de subsistencia. La prevalencia de la desnutrición aguda sigue aumentando, y 18 de las 23 provincias se encuentran en una situación nutricional alarmante. A nivel nacional, la prevalencia de la desnutrición aguda es del 12,9%, de la cual el 2,9% se presenta en su forma grave (DAG). Casi 2 millones de personas se ven afectadas por emergencias sanitarias, siendo los más vulnerables los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y en período de lactancia, las personas con discapacidad y los ancianos. Esta situación se explica en gran medida por el escaso acceso a los servicios sociales básicos, agravado por la pandemia, pero también por el aumento de las enfermedades endémicas y epidémicas, en particular la malaria, el sarampión y un nuevo brote de chikungunya.

Situación prevista para 2021 y más allá

Chad seguirá afectado por la dinámica política y de seguridad de los países vecinos. La presencia activa de grupos armados no estatales en el norte de la República Centroafricana frenará, por el momento, el posible regreso de los refugiados de la República Centroafricana desde el sur de Chad. Sin embargo, los acontecimientos políticos en Sudán podrían dar lugar al regreso gradual de los refugiados sudaneses del este de Chad. En cambio, es probable que la presencia de grupos armados no estatales en la provincia de Lac y las contra-operaciones militares provoquen nuevos desplazamientos. La inestabilidad en Libia ha dado lugar a nuevas olas de migrantes que regresan al norte de Chad.

Las consecuencias del cambio climático, especialmente las sequías e inundaciones, afectarán a la producción agrosilvopastoril, con repercusiones negativas en la seguridad alimentaria y las tasas de desnutrición. El acceso a los servicios sociales básicos, en particular a los servicios de salud, seguirá siendo difícil, especialmente con la persistencia de epidemias como el cólera y el sarampión, la falta de una atención de salud adecuada y la alta prevalencia de ciertas enfermedades, especialmente la malaria. La persistencia de la COVID-19 podría empeorar aún más las condiciones de vida de las personas más vulnerables.

Prioridades de la respuesta en 2021

En 2021, la respuesta humanitaria seguirá guiándose por el marco estratégico plurianual establecido para 2017-2021 y sus objetivos: salvar y preservar la vida y la dignidad mediante una asistencia de emergencia multisectorial e integrada; reducir la vulnerabilidad mediante el desarrollo de la capacidad de recuperación; y contribuir a la protección de las poblaciones más vulnerables y reforzar la rendición de cuentas ante las personas afectadas.

Dentro de esto, las prioridades y enfoques de respuesta de 2021 promoverán un enfoque integrado, con un mayor número de estrategias multisectoriales definidas, incluso para los refugiados, y reforzarán la complementariedad entre la acción humanitaria y la acción de desarrollo para lograr resultados colectivos. En este contexto, el fortalecimiento y la potenciación del liderazgo gubernamental es una prioridad, al igual que la promoción de soluciones duraderas para las personas desplazadas (refugiados, repatriados y desplazados internos).

La planificación se basará, entre otras cosas, en las vulnerabilidades específicas de las mujeres, las niñas, los niños y las personas con discapacidad. Incorporará las preocupaciones de protección y responderá al impacto humanitario de la pandemia de la COVID-19. La centralidad de la protección y la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas se reforzará mediante enfoques basados en la comunidad para prevenir los riesgos de protección, responder a las necesidades de protección más urgentes, incluso para los supervivientes de la violencia de género, y garantizar los derechos humanos fundamentales. Las medidas de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y de reducción de riesgos siguen siendo de vital importancia para mitigar las consecuencias humanitarias del cambio climático. Se seguirá reforzando la utilización de las modalidades de transferencia de efectivo, basadas en un estudio de la disponibilidad y accesibilidad de los mercados.

La comunidad humanitaria está terminando actualmente su análisis de las personas que necesitan asistencia en 2021, y de las más vulnerables a las que se dirigirá la respuesta. Las cifras definitivas están a la espera de que se complete oficialmente el proceso del Cadre Harmonisé, que reflejará el impacto previsto en las personas con inseguridad alimentaria de los efectos climáticos desfavorables, incluidas las sequías e inundaciones y los efectos socioeconómicos de la pandemia. Las cifras también incluirán el aumento del número de personas desplazadas debido a la inseguridad en la provincia de Lac.

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

En la República Democrática del Congo (RDC), los conflictos violentos, las epidemias y los desastres naturales siguen agravando y exacerbando las vulnerabilidades existentes. Entre ellas figuran los altos niveles de pobreza, la deficiente infraestructura pública y la limitada prestación de servicios. Las controversias por la tierra y los recursos minerales siguen determinando la dinámica de los conflictos y los desplazamientos. En 2020, el conflicto armado se intensificó aún más en Ituri y en algunas partes de los Kivus.

La República Democrática del Congo sigue albergando la mayor población de desplazados internos de África, con 5,2 millones de personas desplazadas. En 2020 se produjeron un total de 1,7 millones de desplazamientos de personas.⁷ El país también acoge a unos 529.000 refugiados de países vecinos.⁸ Casi 21,8 millones de personas se enfrentan actualmente a una grave inseguridad alimentaria aguda, la cifra absoluta más alta jamás registrada en todo el mundo.⁹ Unos 3,4 millones de niños menores de 5 años padecen desnutrición aguda.¹⁰

Los brotes de enfermedades transmisibles siguen aumentando la complejidad y la gravedad de la situación: mientras que la décima epidemia de ébola en la región oriental terminó en junio, ha surgido un nuevo brote de ébola en Equateur, que es una zona extremadamente frágil. Gracias a los esfuerzos combinados del gobierno y la comunidad humanitaria, las peores epidemias nacionales de sarampión terminaron en agosto de 2020. Sin embargo, el sarampión, así como el cólera, siguen siendo motivo de grave preocupación (415 muertes en 32.375 casos y 184 muertes en 4.283 casos, respectivamente, en 2020).¹¹ En marzo se registró la primera infección por la COVID-19, y hasta la fecha se han confirmado 11.329 casos y 308 muertes.¹² Pero el impacto económico es evidente: la caída de los precios de los productos básicos está desencadenando una devaluación de la m oneda, lo que a su incrementa los precios.

La inestable situación de seguridad, en particular en el este de la República Democrática del Congo, sigue obstaculizando el acceso a las personas afectadas, así como la deficiente infraestructura. Los actores humanitarios de varias provincias han reducido sus movimientos o suspendido temporalmente sus actividades en múltiples ocasiones debido a los incidentes. Desde principios de 2020 se han notificado al menos 249 incidentes de seguridad que han afectado directamente al personal o los activos humanitarios.¹³

Situación prevista para 2021 y más allá

Se espera que los conflictos persistan. La dinámica de esos conflictos seguirá siendo complicada como resultado de la dinámica política nacional y provincial. La reconfiguración de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) también podría ser un factor que influya en la situación y los contextos locales. Se prevé que persistan los desplazamientos de población y los incidentes de protección, especialmente en la parte oriental de la República Democrática del Congo. Los desplazados internos, los repatriados y las comunidades de acogida siguen siendo los más vulnerables. La evolución de las epidemias o los nuevos brotes de enfermedades y los posibles desastres naturales, como las inundaciones, podrían agravar aún más la situación.

El número de personas que necesitan asistencia humanitaria en la República Democrática del Congo ha aumentado de 15,6 millones en 2020 a 19,6 millones en 2021. Esto se debe a la intensificación del conflicto en algunas zonas, el aumento de la grave inseguridad alimentaria, la COVID-19 y el brote de ébola en la provincia de Equateur. Se espera que el impacto de este último disminuya significativamente en los próximos meses, pero seguiría bajo vigilancia.

El subdesarrollo estructural y las crisis humanitarias seguirán limitando el acceso de la población a los bienes y servicios esenciales, lo que repercutirá negativamente en sus mecanismos de supervivencia y su capacidad de recuperación.

Prioridades de la respuesta en 2021

Para finales de 2020, la comunidad humanitaria espera haber llegado a 6,6 millones de personas. La estrategia de respuesta de 2021 se centrará en abordar cinco temas críticos: movimientos de población, inseguridad alimentaria, desnutrición, epidemias y protección. En 2021, los socios humanitarios tendrán como objetivo ayudar a 9,6 millones de las personas más vulnerables de la República Democrática del Congo, con unas necesidades financieras estimadas de 1.980 millones de dólares. La metodología de selección de beneficiarios se ha reforzado aún más mediante el enfoque intersectorial y el análisis de la gravedad para garantizar que se dé prioridad a las necesidades más graves.

Tras el análisis de la gravedad, el foco geográfico clave de la respuesta humanitaria se centrará en Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tanganyika y la zona del Gran Kasai. Estos lugares tienen una superposición de factores de crisis y necesidades humanitarias cada vez más profundas.

Los socios humanitarios trabajarán para alcanzar los objetivos mediante la prestación de asistencia multisectorial específica. A lo largo de la respuesta incorporarán enfoques transversales clave, que incluyen la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas (AAP), la prevención de la violencia y abuso sexual, la mitigación del riesgo de violencia de género en la ejecución de programas y la inclusión de personas con discapacidades. Sobre la base de los progresos realizados desde 2019 (como los resultados colectivos propuestos), los actores humanitarios seguirán mejorando y promoviendo el enfoque del Nexo para reducir las vulnerabilidades.

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

En 2020, las crisis humanitarias en Malí empeoraron debido a los efectos multifacéticos inmediatos del conflicto y la violencia, incluidos los conflictos inter e intracomunitarios, los grupos armados radicalizados y la delincuencia. El número de personas vulnerables que necesitan asistencia aumentó debido a la pobreza generalizada, la pandemia de la COVID-19 y los efectos crónicos del cambio climático. Malí también atravesó una crisis política que culminó con el derrocamiento del Gobierno por el Ejército, lo que dio lugar a un período de transición de 18 meses a partir de septiembre. El conflicto y las consiguientes necesidades humanitarias se extendieron desde la región de Liptako-Gourma de Malí hasta las regiones de Kayes, Koulikoro y Sikasso en el sur y el oeste.

El número de personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional llegó a 1,3 millones de personas durante el período de escasez de junio a agosto de 2020, lo que representa un aumento de más del 200% en comparación con el mismo período de 2019. Ello se debe a la inestabilidad del contexto político de seguridad y de transición, combinada con la débil presencia de las autoridades regionales y los servicios técnicos de Malí. Además, 2,4 millones de personas necesitan actualmente apoyo para proteger sus medios de vida.

La creciente inestabilidad condujo a un aumento de los desplazamientos internos. A finales de agosto de 2020, cerca de 290.000 personas fueron desplazadas internamente. Esto es cuatro veces más que a principios de 2019 y añade 100.000 personas desde agosto de 2019. ACNUR informó de que el número de refugiados y solicitantes de asilo malienses en los países vecinos había aumentado de 138.402 a 141.676 entre septiembre de 2019 y julio de 2020. Mientras tanto, 84.000 refugiados malienses regresaron a Malí durante el mismo período debido a la inseguridad.

La protección de los grupos vulnerables sigue siendo preocupante, ya que desde enero de 2020 se han notificado 4.411 casos de violencia de género, principalmente contra mujeres (98%), de las cuales el 61% son niñas. Los civiles están cada vez más expuestos a riesgos en las carreteras principales debido a los artefactos explosivos improvisados (AEI) en el centro de Malí. De enero a septiembre de 2020, los AEI mataron a 181 civiles. Esta cifra está a la par con la de los dos últimos años: Los AEI causaron 222 bajas en 2019 y 249 en 2018.

Un total de 1.261 escuelas permanecieron cerradas debido a la inseguridad en el centro y el norte, privando a 338.700 niños de su derecho a la educación. El acceso al agua potable sigue siendo problemático, ya que menos de una de cada dos personas tiene acceso al agua potable en Gao y Kidal. El 5% de los desplazados internos tienen acceso al agua potable, lo que está por debajo de la media nacional del 68,8%.

En las zonas afectadas por el conflicto, el 23% de los centros de salud no funcionan y los servicios de atención primaria de la salud siguen siendo limitados. Al 8 de noviembre de 2020, se habían confirmado 3.706 casos de la COVID-19 en 38 distritos sanitarios de 9 regiones, incluidas 137 muertes (tasa de letalidad del 3,7%) y 2.828 pacientes curados. Además, es probable que las consecuencias socioeconómicas relacionadas con la pandemia tengan un impacto socioeconómico a largo plazo para los hogares más pobres.

Las inundaciones causaron daños importantes a los cultivos, el equipo, las viviendas, los almacenes de cereales y el ganado. Según las cifras del Gobierno, al 30 de septiembre de 2020, las inundaciones afectaron a 11.019 hogares (80.760 personas), incluidos 5.400 desplazados internos, en las regiones de Koulikoro, Menaka y Segou.

Ante una emergencia de salud pública, desastres naturales y una seguridad frágil, los socios humanitarios (que disponen del 45% de los recursos financieros necesarios) atenderán a 2,6 millones de personas de los 5,5 millones previstos para diciembre de 2020. Esto representa un aumento de aproximadamente el 11% con respecto a los 2,35 millones de personas a las que se llegó al 30 de septiembre de 2020.

Situación prevista para 2021 y más allá

Dado el deterioro del prolongado contexto humanitario, es probable que en 2021 aumenten las necesidades humanitarias. Los desafíos operativos relacionados con el acceso humanitario, la protección y la preservación del espacio humanitario dominarán los esfuerzos de incidencia y coordinación para llegar a las personas necesitadas. En las circunstancias actuales, los desplazados internos no tienen perspectivas de retorno a corto o medio plazo. Las condiciones de vida deficientes, la inseguridad alimentaria, la desnutrición y los peligros para la salud aumentarán entre una población cada vez más vulnerable que recurre a estrategias de supervivencia negativas, lo que afecta a las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad.

A pesar de las lluvias favorables para la temporada agrícola de 2020, los socios humanitarios identificaron un número récord de 7,1 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en 2021 de los 13,5 millones de personas afectadas por la crisis. Es probable que continúe la inseguridad alimentaria debido a las limitaciones de acceso a las tierras de cultivo a causa del conflicto que se está produciendo en el centro de Malí. El mantenimiento de los elevados precios de mercado de los cereales y el ganado, así como las restricciones relacionadas con la COVID-19, que incluyen la interrupción de la cadena de suministro, son algunos de los factores subyacentes que empeoran la situación de la seguridad alimentaria. Se prevé que aproximadamente 188.000 niños malienses menores de 5 años se verán afectados por la desnutrición aguda grave en 2021, mientras que se estima que 1,2 millones de personas están expuestas al riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.

En respuesta a la pandemia, se reasignaron recursos de los servicios básicos de atención de la salud. Esto ha tenido un impacto negativo en los servicios de atención de la salud, como la atención primaria de la salud, los servicios de nutrición y las vacunaciones.

Prioridades de la respuesta en 2021

Para 2021, la comunidad humanitaria de Malí renueva su compromiso de fortalecer su capacidad operativa para satisfacer las necesidades de 5,8 millones de personas a las que se dirige el Plan de respuesta humanitaria de 2021. El presupuesto total estimado para la planificación humanitaria es de 498 millones de dólares. Se trata de intervenciones sectoriales, intersectoriales y multisectoriales que abarcan las consecuencias humanitarias de la crisis, relacionadas con las respuestas para salvar vidas, el fortalecimiento de los servicios sociales básicos, la garantía de la protección de la población y la promoción de la capacidad de recuperación. Esas intervenciones incluyen tres pilares temáticos en consonancia con los objetivos estratégicos trienales: la seguridad alimentaria y nutricional; la salud y el agua, el saneamiento y la higiene; y la protección, la educación y el alojamiento/artículos no alimentarios, aprobados en 2020.

La pandemia ha exacerbado los riesgos y amenazas para la protección, incluida la violencia de género, y ha aumentado el estigma y la discriminación contra los desplazados internos. La centralidad de la protección sigue siendo crucial en la respuesta humanitaria para Malí en 2021. Los temas intersectoriales como el género, la rendición de cuentas, la violencia sexual y de género y la estrategia de lucha contra la pobreza también son cruciales.

Para reducir la vulnerabilidad, reforzar la capacidad de recuperación y mejorar la protección del medio ambiente, es preciso determinar resultados colectivos basados en el fortalecimiento de la coordinación y la complementariedad entre las intervenciones humanitarias, de desarrollo y de paz. Ello incluye las actividades de cohesión social y el empoderamiento socioeconómico de las poblaciones afectadas.

Las intervenciones integran las medidas de mitigación de la COVID-19 para proteger al personal, las comunidades y los socios que participan en los programas humanitarios.

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

El año 2020 se ha caracterizado por una inseguridad persistente y creciente en ciertas zonas fronterizas entre Níger y los países vecinos (Nigeria, Malí y Burkina Faso). Las actividades de los grupos armados no estatales en las regiones de Diffa, Tillabéri y Tahoua y las incursiones recurrentes de los grupos armados no estatales de los países limítrofes provocaron movimientos de población, en particular en las regiones de Tillabéri y Maradi. Al 30 de septiembre de 2020, el número de personas en movimiento (desplazados internos, refugiados y repatriados) se estimaba en más de 530.000, lo que supone un aumento del 21% en comparación con 2019. Sólo en las regiones de Diffa, Maradi, Tillabéri y Tahoua, el número de desplazados internos aumentó en un 37%. La inseguridad ha dado lugar al cierre de 356 escuelas, lo que ha afectado a más de 33.500 niños en Maradi, Tillabéri y Tahoua. También aumentó el número de violaciones de los derechos humanos. En total, al 30 de septiembre se registraron 1.758 incidentes de protección. El número de casos de violencia de género registrados aumentó en un 133%, de 1.399 en 2019 a 3.261 en 2020.

Las inundaciones ocurridas en el Níger entre agosto y septiembre causaron grandes daños. Al 20 de octubre, 632.000 personas (el triple de lo previsto por el Gobierno) de 116 comunas (44%) de todo el país se vieron afectadas por la destrucción de más de 50.000 viviendas y más de 18.000 hectáreas de zonas agrícolas, y la pérdida de más de 15.000 pequeños rumiantes. Esas pérdidas debilitarán las condiciones de vida de poblaciones de por sí vulnerables.

Al 31 de octubre, la epidemia de la COVID-19 también ha afectado la vida cotidiana de los nigerianos en 28 de los 72 distritos sanitarios. Su impacto no ha sido fuerte en términos de pérdida de vidas humanas (69 muertes al 31 de octubre de 1.220 personas declaradas positivas, es decir, una tasa de mortalidad del 5%). Sin embargo, sus efectos se han dejado sentir en el plano económico. Las restricciones de movilidad introducidas por el Gobierno para limitar la propagación del virus restringieron el acceso de la población a los alimentos necesarios.

Además de la COVID-19, Níger experimentó otros tres brotes de enfermedades, a saber, el sarampión, el virus de la poliomielitis de tipo 2 provocado por una vacuna y la malaria. Según los registros de las autoridades sanitarias publicados en septiembre de 2020, el sarampión afectó a 2.685 personas, la poliomielitis a 5 personas y hubo más de 2 millones de casos de malaria. La desnutrición y la inseguridad alimentaria son también grandes preocupaciones, que afectan a más de 2 millones de personas.

Las escoltas impuestas por el gobierno debido a la inseguridad han contribuido en gran medida a restringir el acceso humanitario. En Tillabéri y Tahoua se cancelaron más de seis misiones de evaluación entre enero y julio por motivos relacionados con las necesidades de escolta, lo que privó a varios miles de personas afectadas de la tan necesaria asistencia humanitaria. En octubre, más de 30.000 personas se vieron privadas de acceso a los servicios de atención de la salud debido al cierre de los centros de salud en los distritos de Ayorou y Banibangou en Tillabéri a causa de la inseguridad. La rehabilitación de las instalaciones hidráulicas no pudo llevarse a cabo en la región de Tillabéri, lo que privó a más de 12.000 personas, que vivían en 12 sitios, del acceso al agua potable.

El año 2020 fue un año impredecible. La COVID-19 anuló la planificación inicial para 2020, lo que llevó a la revisión del PRH 2020 en julio. Las personas necesitadas (PiN) fue revisado de 2,9 millones a principios de año a 3,7 millones en la revisión de medio año, y la meta aumentó de 1,8 millones a 2,2 millones durante el mismo período.

A pesar del bajo nivel de financiamiento recibido (44% de los fondos solicitados para el 2 de noviembre de 2020), la comunidad humanitaria pudo prestar asistencia a 1,07 millones de personas, es decir, el 49% de las personas a las que se dirigió la asistencia. Se prestó asistencia alimentaria a 1.073.088 personas, mientras que el 73% de las personas a las que se dirigió la asistencia pudieron beneficiarse del acceso temporal al agua potable.

Situación prevista para 2021 y años posteriores

Los efectos de las inundaciones de este año, las sequías localizadas, la COVID-19, así como los conflictos armados y las actividades de los grupos armados no estatales (incluidas las agresiones físicas y las violaciones de los derechos humanos), los desastres climáticos, los problemas de salud y de agua y la desnutrición aumentarán el número de personas vulnerables que ya viven en condiciones precarias. A la luz de este contexto, es muy probable que el número de personas que necesitan asistencia humanitaria aumente en 2021.

Prioridades de la respuesta en 2021

En 2021, la atención se centrará en la mitigación de los efectos de los diversos impactos en los medios de vida de las poblaciones afectadas, pero también en asegurar una mayor protección de las comunidades afectadas. Así pues, se estima que en 2021 se beneficiarán de la asistencia humanitaria unos 2,2 millones de personas. A pesar de la tendencia al aumento de las necesidades, esta cifra, que es casi la misma que tras la revisión del PRH en julio de 2020, es el resultado de una mejor orientación de los grupos temáticos (centrada en las personas que necesitan asistencia con urgencia) y de una mejor sinergia con los agentes de desarrollo en el marco del Nexo. Por ejemplo, el objetivo del grupo temático sobre seguridad alimentaria se dividió entre el Plan Nacional de poblaciones vulnerables, que cubre las necesidades del 31% de las personas afectadas, y el PRH, que cubre el 69% restante. Dado que el costo medio por beneficiario no ha variado, el presupuesto necesario para 2021 se estima en 500 millones de dólares.¹⁴

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

La gran crisis del noreste de Nigeria persiste sin cesar: la continuación del conflicto seguirá afectando gravemente a millones de personas en 2021, sometiéndolas a desplazamientos, empobrecimiento y amenaza de violencia. El conflicto armado no tiene un final claro a la vista. La estrategia de las Fuerzas Armadas de Nigeria (desde 2019) de reagruparse en "supercampamentos" no ha garantizado la seguridad y la protección de los desplazados internos y otros civiles cercanos. Las perspectivas de que los desplazados regresen a sus zonas de origen en condiciones de seguridad distan mucho de ser seguras.

El entorno operativo sigue siendo extremadamente volátil, en particular en el Estado de Borno, donde todas las principales rutas de suministro se han vuelto peligrosas para los civiles y, en particular, para los trabajadores humanitarios, el cargamento humanitario y los suministros. Los centros humanitarios y las oficinas de las organizaciones de socorro han sufrido ataques periódicos en 2020.

Las necesidades de protección son formidables. Las mujeres y las niñas están amenazadas por la violencia, el secuestro y la violación, por ejemplo, cuando se aventuran a salir de las trincheras que rodean muchos campamentos de desplazados internos para recoger leña, aunque también dentro de los campamentos de desplazados internos. La violencia de género está aumentando, al igual que los matrimonios forzosos y los matrimonios infantiles; las mujeres y las niñas siguen careciendo de una protección adecuada y de acceso a los servicios. La desesperación lleva a las mujeres a estrategias negativas para hacer frente a la situación, como el intercambio de sexo por alimentos y otras necesidades. Todo esto conduce a una mayor mortalidad materna, a morbilidad como fístulas, a embarazos no deseados y a la deserción escolar de las niñas. El desplazamiento y el retorno imponen un alto riesgo a los niños separados y no acompañados. Los adolescentes varones y niños corren el riesgo de ser reclutados por la fuerza por los grupos armados o de que las autoridades sospechen que están socios con los grupos armados.

La pandemia de la COVID-19 agrava las necesidades humanitarias y complica la respuesta. La economía nigeriana ha sufrido la caída de los precios mundiales del petróleo y las medidas de restricción para mitigar la pandemia, en particular los cierres intermitentes de las fronteras y la necesidad de dedicar recursos a reducir la propagación del virus. El consiguiente menoscabo de los medios de subsistencia se traduce en una pérdida de ingresos y del poder adquisitivo, con efectos agudos en las personas ya vulnerables e inseguras desde el punto de vista alimentario. En el plano operativo, las medidas adoptadas por la COVID-19 para mantener la seguridad del personal y los beneficiarios de la ayuda humanitaria consumen tiempo y recursos. El conflicto y la inseguridad han aislado a las personas de su principal medio de vida: las tierras de cultivo. Esto provoca una gran inseguridad alimentaria en el noreste de Nigeria, que los efectos de la COVID-19 en los ingresos han exacerbado: a pesar de los buenos rendimientos de las cosechas, la inseguridad alimentaria va en aumento.

No obstante, se buscan soluciones para las personas atrapadas en esta crisis, muchas de ellas desde 2009. Los gobiernos estatales están cada vez más comprometidos con el retorno de los desplazados internos: el Gobierno del estado de Borno en particular ha establecido el objetivo de que todos los desplazados internos regresen para mayo de 2021. Si la mayoría de las zonas identificadas para el retorno son sumamente inseguras e inaccesibles para las organizaciones humanitarias, podría haber alternativas disponibles y es necesario explorarlas más a fondo, principalmente el reasentamiento en zonas más seguras donde haya suficiente tierra, o la integración local junto a las ciudades y pueblos donde se refugian. Para las pocas zonas que son relativamente seguras para los desplazados internos que deciden regresar, se necesita ahora un conjunto concertado que incluya planes oportunos de soluciones duraderas para garantizar un regreso seguro, voluntario y digno. Los servicios esenciales, las perspectivas de medios de vida firmes, la infraestructura básica, la administración civil para garantizar el estado de derecho y la ayuda humanitaria para las difíciles primeras fases del retorno tendrán que prestarse de forma sincronizada. En el caso de los desplazados internos procedentes de zonas no propicias para el retorno, las organizaciones humanitarias abogarán (y los gobiernos de los Estados han señalado cierta apertura al respecto) por las soluciones alternativas - duraderas aunque no necesariamente permanentes- de integración local o reasentamiento. Un ejercicio inicial focalizado podría señalar el camino a seguir cristalizando nuevos métodos de trabajo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil nacional y local y la comunidad internacional, en particular los actores de desarrollo, humanitarios y de consolidación de la paz. No obstante, como las soluciones tardarán en llegar para la mayoría de los 1,9 millones de desplazados internos necesitados, la comunidad humanitaria debe seguir mejorando las condiciones en los campamentos, incluida la descongestión, y en las comunidades de acogida.

Situación prevista para 2021 y más allá

La evaluación exhaustiva de las necesidades multisectoriales (MSNA) realizada a mediados de 2020, más otros datos y análisis de riesgos, proyectan un aumento del 13% de las personas necesitadas en 2021, de 7,9 millones en 2020 a 8,9 millones de personas en 2021. La ligera reducción de los desplazados internos y los repatriados en situación de necesidad se compensa con creces con el aumento de las necesidades de las comunidades de acogida, debido principalmente a la COVID-19. Las necesidades son multisectoriales y varían en cuanto a su gravedad en las distintas zonas y entre los tres grupos afectados de desplazados internos, repatriados y comunidades de acogida.

Prioridades de la respuesta en 2021

Los enfoques estratégicos e intersectoriales para 2021 pueden agruparse como: mejorar las condiciones y los servicios en los campamentos de desplazados internos; remediar la inseguridad alimentaria aguda, incluso en las comunidades de acogida; fortalecer los medios de vida autosuficientes de los desplazados internos dentro y fuera de los campamentos oficiales; y lograr soluciones alternativas y duraderas a escala limitada que probablemente sean viables en 2021.

Dado que las necesidades son generalizadas, se estima que las zonas (y los grupos afectados en ellas) con peores niveles de gravedad constituyen las personas necesitadas. Dentro de ellas, los sectores se dirigen a las personas más necesitadas, con sensibilidad de género, hasta el límite de la capacidad colectiva de un sector para prestar servicios. El establecimiento de prioridades para las medidas más críticas en esos sectores agudiza aún más la respuesta prevista. Una mejor cuantificación de la respuesta humanitaria del gobierno enfocará el PRH en las verdaderas deficiencias.

Por último, la perspectiva de soluciones para algunas personas afectadas exige la adopción de medidas humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz sincronizadas en el espíritu del Nexo, que este PRH perseguirá concretamente a medida que surjan oportunidades en 2021.