Rendición de cuentas a las personas afectadas

La ayuda y la asistencia efectivas y con base en principios colocan a las comunidades en el centro, asegurándose de que impulsen la acción humanitaria. La rendición de cuentas ante las personas afectadas (AAP por sus siglas en inglés) es el compromiso activo de los trabajadores humanitarios para garantizar que las propias comunidades tengan el poder y la influencia necesarios para determinar y actuar según sus propias prioridades en materia de preparación, respuesta y recuperación.

La AAP se basa en los derechos, la dignidad, la capacidad y la seguridad de las personas y se fundamenta en tres acciones:

• Compartir sistemáticamente con las comunidades información oportuna, pertinente y procesable.
• Apoyar la participación significativa y el liderazgo de las personas afectadas, incluidas las de distinto sexo, edad, condición de discapacidad y otras diversidades, en la toma de decisiones.
• Garantizar que existan sistemas de retroalimentación en las comunidades, que les permitan evaluar y comentar el desempeño de la acción humanitaria, incluso en cuestiones delicadas como el abuso y la explotación sexual comercial, el fraude, la corrupción, el racismo y la discriminación.

En las emergencias de salud pública, la participación de la comunidad se combina con la comunicación de riesgos centrada específicamente en el brote. La COVID-19 se ha convertido en una crisis de información. Combatir la desinformación y proveer un compromiso consistente y honesto es primordial para mantener la confianza y la solidaridad pública y promover la acción local. Se necesita una mejor comprensión en esferas como las tendencias epidemiológicas, las repercusiones socioeconómicas o las proyecciones de seguridad alimentaria en los entornos humanitarios. Para hacer frente a estos problemas de información será necesario que la más amplia gama de agentes trabajen juntos.

Una lección difícil de aprender en los brotes de enfermedades y las emergencias humanitarias es que la comunicación y el compromiso inadecuados con las comunidades en la planificación y el diseño de medidas de respuesta de emergencia alimentan el miedo y la desconfianza. Si no se logra una participación significativa y estratégica de las personas, que incluya el género, la edad, la discapacidad y otras diversidades, en todos los pilares de la preparación y la respuesta a las emergencias, se pueden producir intervenciones ineficaces. Incluso puede causar daños.

La COVID-19 es una pandemia multicéntrica: un brote de innumerables epidemias locales, cada una de ellas ligeramente diferente y que requiere una gran atención tanto a las estrategias impulsadas localmente como a las multisectoriales. Así como el impacto de la pandemia ha ido más allá de la salud pública, también lo han hecho los esfuerzos de coordinación. Los mecanismos de coordinación que se ocupan de las comunicaciones de riesgo de la COVID-19 y de la participación de la comunidad están colaborando proactivamente con los grupos humanitarios (o mecanismos de coordinación equivalentes) para colaborar y coordinar los esfuerzos y mejorar la calidad de la participación y el apoyo a las comunidades afectadas. Las actividades se han centrado en la coordinación, las normas de práctica y las medidas que empoderan y apoyan a las comunidades y la acción comunitaria.

Las mejores personas para involucrar a las comunidades son aquellas con relaciones de confianza existentes. Los grupos locales establecidos, incluidas las organizaciones de mujeres, con conocimientos culturales, lingüísticos e históricos comunes, suelen ser los más indicados para lograr la participación de las comunidades, incluidas las que están internamente desplazadas. Las organizaciones locales necesitan apoyo en sus esfuerzos por acceder a los mecanismos de coordinación de la participación comunitaria y la rendición de cuentas, así como a la información técnica necesaria. Estas relaciones serán fundamentales para controlar la pandemia, mitigar su impacto y alimentar una respuesta humanitaria mundial más sólida y responsable.

Como resultado de las lecciones aprendidas, en casi todos los países en que hay una crisis humanitaria se han puesto en práctica planes de comunicación de riesgos y de participación de la comunidad dirigidos por los gobiernos e interinstitucionales para la COVID-19. Esos planes suelen estar diseñados para garantizar que los mensajes se armonicen y que se recojan sistemáticamente las opiniones de la comunidad en consonancia con los enfoques nacionales relativos a la COVID-19. Por ejemplo, en Colombia, mediante el GHRP para la COVID-19, las Naciones Unidas y sus socios apoyaron a las autoridades en la traducción de los mensajes de comunicación de riesgos a los idiomas locales para facilitar las interacciones en un departamento en el que la mitad de su población es indígena. La respuesta general contribuyó a reducir los casos activos de la COVID-19, en contraste con las tendencias en el resto del país.

En 2021, se necesitan más esfuerzos para fortalecer la arquitectura de la respuesta asegurando que los datos sobre el comportamiento social y los conocimientos de la comunidad -desglosados por edad y género- den forma a las estrategias en relación con la COVID-19 y más allá. Es fundamental que las intervenciones se planifiquen de acuerdo con las pruebas que vayan surgiendo. Es urgente aprender de los agentes locales, los trabajadores de primera línea y la fuerza de trabajo de la comunidad, que tienen relaciones preexistentes con las poblaciones afectadas por la crisis y hablan los idiomas nacionales y locales. Es necesario prestar apoyo adicional para desarrollar las competencias técnicas necesarias para evaluar una situación, analizar los datos y planificar las medidas, de modo que se basen en las mejores pruebas y análisis disponibles de las comunidades locales. Esto ayudará a orientar el fortalecimiento de los mecanismos colectivos multicanales de denuncia y retroalimentación que apoyan a los encargados de la respuesta para asegurar que se satisfagan las necesidades, se corrija el rumbo, se identifiquen los riesgos para la protección y las comunidades se sientan seguras para informar de los casos de explotación y abuso sexual.