África Meridional y Oriental

Análisis del contexto, crisis y necesidades

Los efectos combinados de la pandemia de la COVID-19, así como las crisis relacionadas con el clima, han exacerbado las necesidades humanitarias en Burundi. El año 2020 se caracterizó por precipitaciones superiores a la media en algunas partes del país, lo que provocó inundaciones, el desplazamiento de personas y la destrucción de las cosechas. Los efectos socioeconómicos de la COVID-19 también han aumentado el nivel de vulnerabilidad preexistente de la población, revirtiendo la tendencia a la baja de las necesidades humanitarias observada desde finales de 2018. Al mismo tiempo, debido a la estacionalidad del cólera y a la distribución masiva de mosquiteros, el número de casos de cólera y de malaria se ha reducido considerablemente durante 2020, mientras que los casos de sarampión han aumentado.

Burundi se encuentra entre los 20 países más vulnerables del mundo al cambio climático.¹ A finales de 2019, el aumento de las temperaturas en el Océano Índico contribuyó al incremento del número y la escala de los desastres naturales en el país. Entre octubre de 2019 y octubre de 2020, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y otros desastres afectaron a 13 de las 18 provincias de Burundi. Los desastres también contribuyeron a un aumento del 23% de los desplazados internos, que pasaron de 104.000 a fines de 2019 a 127.832 en septiembre de 2020. Los desastres naturales representan el 83% de los desplazamientos internos en Burundi. Los efectos de los fenómenos climáticos también siguen repercutiendo en la producción agrícola en un contexto en que el 90% de la población depende de la agricultura de subsistencia.

El Gobierno ha hecho importantes esfuerzos por fortalecer su capacidad en materia de reducción del riesgo de desastres, pero las vulnerabilidades crónicas preexistentes, incluida la frágil situación económica, han repercutido en su capacidad para prepararse y responder a los peligros relacionados con el clima. Clasificado en el puesto 185 de 189 en el Índice de Desarrollo Humano, Burundi ha experimentado un decrecimiento del PIB en los últimos cinco años. El Gobierno ha movilizado recursos internos para compensar las dificultades fiscales y de la balanza de pagos, pero esto ha sido insuficiente para satisfacer la demanda social en constante aumento impulsada por un elevado crecimiento demográfico.

Tras el llamado del presidente recién electo para que los refugiados burundianos regresen al país, el retorno voluntario de los refugiados facilitado por ACNUR ha aumentado en los últimos meses. Si bien el número de repatriados fue relativamente limitado en 2019 y durante el primer semestre de 2020, en el segundo semestre de ese año se observó un aumento considerable. En consecuencia, entre julio y el 7 de noviembre de 2020 se registraron 21.769 de los 28.198 repatriados desde principios de año. Además, la situación de los 78.000 refugiados y solicitantes de asilo sigue siendo precaria. Casi el 50% de los refugiados vive en zonas urbanas donde la situación económica es frágil, mientras que la asistencia se limita a casos de protección específicos. Los refugiados que viven en campamentos tienen pocas oportunidades de empleo, lo que da lugar a una gran dependencia de la asistencia humanitaria.

Entre enero y junio de 2020, 370.000 (o el 42%) de las 887.000 personas a las que se dirigía el PRH revisado recibieron asistencia de actores humanitarios, en particular mediante el apoyo a la alimentación y los medios de vida y la prestación de servicios, incluidas la protección y la nutrición. A pesar de estos logros, el bajo nivel de financiamiento sigue obstaculizando los esfuerzos de los socios humanitarios por satisfacer las necesidades de las personas afectadas. Entre los sectores con menos fondos se encuentran los albergues y los artículos no alimentarios, la educación, el agua, el saneamiento, la protección y la respuesta de repatriación multisectorial.

Situación prevista para 2021 y más allá

Se prevé que el impacto socioeconómico de la COVID-19 y la prevalencia de los peligros relacionados con el clima seguirán contribuyendo a la situación humanitaria en Burundi durante todo el año 2021. Es probable que esto agrave las vulnerabilidades preexistentes. Si bien la mayor parte de 2020 se caracterizó por unas precipitaciones superiores a la media, se prevé que el último trimestre del año se caracterice por unas precipitaciones inferiores a la media en la mitad de Burundi, en particular en las partes oriental y septentrional. Según las proyecciones, se prevé que la falta de lluvias repercuta en la primera temporada de cultivo de 2021 y en la disponibilidad de semillas para las temporadas futuras. En combinación con la pérdida de oportunidades económicas debido a la disminución del comercio transfronterizo a raíz de la pandemia de la COVID-19, se prevé que el número de personas que padecen inseguridad alimentaria, en las fases 3 y 4 de la CIF, aumente de 1,3 millones de personas en octubre de 2020 a 1,9 millones de personas en enero de 2021.

Si bien se prevé una precipitación media en las provincias occidentales durante el último trimestre de 2020 y principios de 2021, si se producen más lluvias, aunque a niveles normales, podrían producirse más inundaciones debido a la saturación de los niveles de las aguas subterráneas en las zonas afectadas por las inundaciones de 2020. Esto podría dar lugar a nuevos desplazamientos, aumentar el riesgo de enfermedades con potencial epidémico, como la malaria o el cólera, y afectar a los cultivos a lo largo del lago Tanganica. Se prevé que el regreso de los refugiados burundianos se intensifique en 2021, con 143.000 regresos previstos (en comparación con 50.000 en 2020), en particular en las provincias orientales y septentrionales de Burundi. También se prevé que esto suponga una carga adicional para las comunidades de acogida, que ya son vulnerables. Además, el insuficiente interés de los donantes en financiar situaciones prolongadas de refugiados podría aumentar la vulnerabilidad de los refugiados congoleños en Burundi, en particular los que viven en campamentos, en los que la infraestructura envejecida necesita reparaciones considerables.

Prioridades de respuesta en 2021

Por 196 millones de dólares,² el PRH 2021 de Burundi se dirigirá a 1,04 millones de personas de un total estimado de 2,3 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria. En la respuesta se dará prioridad a las poblaciones más vulnerables, en particular los repatriados, las víctimas de desastres naturales, incluidos los desplazados internos, y las personas afectadas por epidemias, así como por la inseguridad alimentaria y la desnutrición, o que corren el riesgo de sufrirlas. Las esferas prioritarias de intervención incluirán las provincias clasificadas en el nivel de gravedad 4 (Cankuzo, Kirundo y Ruyigi) y en el nivel de gravedad 3 (Ngozi, Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Bujumbura, Rumonge, Makamba, Rutana, Gitega, Karuzi, Muyinga), según se determinó en el análisis intersectorial de la gravedad.

Análisis del contexto, crisis y necesidades

A pesar de los acontecimientos políticos positivos, en 2020 la población de Etiopía sigue enfrentándose a la incertidumbre sobre la transición política debido al conflicto en curso; a las catástrofes climáticas (sequías, inundaciones); a la invasión de langostas del desierto y a los actuales efectos socioeconómicos de la pandemia de la COVID-19. Algunos de los grupos de población más marginados y en situación de riesgo se han visto afectados por múltiples impactos, lo que ha dado lugar a una crisis de protección emergente. Durante la revisión de medio año del PRH 2020, el número de personas a las que se dirigió la asistencia humanitaria se duplicó, pasando de 7 a 15,1 millones.

Desde finales de 2017, el desplazamiento debido a conflictos interétnicos se ha convertido en un factor importante de las necesidades humanitarias en Etiopía. En los últimos tres años, más de 3 millones de personas han sido desplazadas internamente debido al conflicto. Desde el 30 de septiembre de 2020, más de 1,3 millones de personas han sido devueltas a sus zonas de origen o reubicadas en otros lugares. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se han logrado soluciones duraderas y continúan las necesidades residuales de protección y asistencia derivadas de su desplazamiento, incluida la necesidad de seguir prestando asistencia humanitaria. Además, el aumento de la inseguridad y los conflictos localizados no sólo han creado problemas de protección para la población en general, sino que también han planteado problemas intermitentes de acceso a los trabajadores de asistencia humanitaria. A finales de 2020, un conflicto entre las fuerzas armadas federales y regionales en Tigray añadió un nuevo reto a la compleja situación humanitaria. Se espera que el conflicto agrave las necesidades humanitarias de las 850.000 personas vulnerables a las que ya se dirigía el PRH de 2020 y genere necesidades adicionales.

Las inundaciones continúan afectando y desplazando a miles de personas cada año. Entre junio y septiembre de 2020, las prolongadas lluvias de kiremt provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en seis regiones. Los informes de la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (NDRMC) de septiembre indicaron que alrededor de 1 millón de personas se vieron afectadas y más de 30.000 personas fueron desplazadas por las inundaciones en 2020.

Los refugiados acogidos en todo el país se han visto afectados por el cierre de fronteras y las restricciones de viaje, ya que su acceso a recibir asilo se vio comprometido. Además, más de 200.000 niños refugiados no han asistido a la escuela debido a la actual pandemia.

En los últimos tres años, más de 8 millones de personas, en promedio, fueron objeto anualmente de asistencia alimentaria humanitaria. En 2020 el número de personas necesitadas aumentó a 11,7 millones, en parte debido al peor brote de langosta del desierto en 25 años. A finales de agosto de 2020, el número de niños admitidos para el tratamiento de la desnutrición aguda grave (DAG) alcanzó niveles sin precedentes. Más de 37.000 niños DAG fueron admitidos cada mes durante cuatro meses consecutivos (un aumento del 13,2% en 2020 en comparación con 2019) y más de 1,5 millones de niños, mujeres embarazadas y madres lactantes se vieron afectados por la desnutrición aguda moderada (DAM).

Situación prevista para 2021 y más allá

La combinación y la recurrencia de múltiples impactos simultáneos y compuestos, incluidos los conflictos, las enfermedades transmisibles, la sequía, las inundaciones, las langostas del desierto, así como el impacto de la COVID-19 seguirán poniendo en peligro a las personas y socavando su capacidad para recuperarse de los impactos.

Las tensiones y los conflictos pueden dar lugar a desplazamientos continuos y adicionales y plantear riesgos de protección en diferentes partes de Etiopía. En el período previo a las elecciones nacionales previstas para mediados de 2021 se intensificarán las tensiones étnicas con una inestabilidad localizada y desplazamientos mucho después de las elecciones.

Los cambios en el contexto humanitario provocados por la pandemia de la COVID-19 han tenido un impacto desproporcionado en las comunidades afectadas por la crisis. Es probable que esta situación se deteriore aún más debido a la crisis económica y se traduzca en pérdidas de empleo, no sólo en Etiopía sino también para los migrantes que se ven obligados a regresar a sus hogares. En 2020,³ por lo menos 53.490 migrantes han regresado a Etiopía.

Los brotes de sarampión y las enfermedades endémicas supondrán una carga adicional para las instalaciones de salud sometidas a la presión de la pandemia. Junto con la pandemia, la invasión de langostas del desierto ha contribuido a aumentar la inseguridad alimentaria y su impacto seguirá afectando a la producción agrícola en 2021 a medida que se reproduzcan las nuevas generaciones de langostas del desierto.

Las primeras proyecciones indican que las lluvias de primavera de 2021 probablemente serán inferiores a la media y se prevé que las condiciones de sequía en la región afectarán negativamente a los productores de cultivos que dependen del Belg, así como a los que dependen de cultivos de ciclo largo y del Meher.

La falta de medios de subsistencia y la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas llevan a un aumento de las estrategias negativas para hacer frente a los riesgos de protección, incluidos, entre otros, el trabajo infantil, los matrimonios precoces y el sexo transaccional. Además, es probable que el conflicto en Tigray aumente los riesgos de protección, el estado de nutrición y salud y el desplazamiento tanto dentro como fuera del país.

Prioridades de respuesta en 2021

La crisis de Etiopía se está convirtiendo rápidamente en una crisis de protección y los socios darán prioridad a las intervenciones relacionadas con la protección en 2021. Debido al complejo contexto en que se encuentra Etiopía, la comunidad humanitaria prestará especial atención y garantizará que la protección ocupe un lugar central en toda la respuesta.

La respuesta a la creciente tasa de desplazamiento y la búsqueda de soluciones duraderas para los desplazados también será una prioridad en 2021. Una respuesta humanitaria multisectorial a las necesidades inmediatas de los desplazados internos incluirá el suministro de artículos de socorro básicos a unos 1,6 millones de desplazados internos, así como la prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene a más de 710.000 desplazados internos. Esto se suma a un esfuerzo concertado para lograr soluciones duraderas para las personas desplazadas.

Abordar el impacto agravante de la COVID-19 en las condiciones de las personas que necesitan asistencia humanitaria también será una prioridad importante. La respuesta general ha tropezado con una desviación de recursos, una reducción del financiamiento para las necesidades no relacionadas con COVID, así como con una reducción de la capacidad operativa debido al impacto de la pandemia. El Equipo de País, entre otras cosas, dará prioridad a las actividades de preparación y respuesta, incluidos los servicios de agua, saneamiento e higiene en los centros de salud y las escuelas, para prevenir la COVID-19 así como las enfermedades transmitidas por el agua. Se prestará especial atención a las necesidades y la protección de los grupos vulnerables como las mujeres, las niñas, las personas ancianas y las personas con discapacidad.

La inseguridad alimentaria ha sido un problema prolongado en Etiopía durante los últimos 50 años. Cada año, durante los últimos 4 años, aproximadamente 3,4 millones de personas han dependido crónicamente de la asistencia alimentaria. La combinación de la invasión de langostas del desierto, los efectos desfavorables de la COVID-19, así como los múltiples factores que generan necesidades humanitarias y el creciente número de migrantes que retornan, han aumentado el número de personas que necesitan asistencia alimentaria y nutricional de emergencia tanto en las comunidades rurales como en las urbanas. Se estima que 12,9 millones de personas en situación de gran inseguridad alimentaria recibirán asistencia alimentaria de emergencia. Se dará prioridad a las intervenciones en materia de medios de vida en las zonas afectadas por las langostas del desierto.

Los socios en materia de nutrición tendrán como objetivo llegar a más de 460.000 niños afectados por la desnutrición aguda grave que serán admitidos para recibir tratamiento y a cerca de 3 millones de niños con desnutrición aguda moderada, mujeres embarazadas y madres que están amamantando.

Análisis del contexto, crisis y necesidades

La crisis de Cabo Delgado (Mozambique) se ha intensificado rápidamente como resultado del conflicto, la inseguridad y la violencia, dejando a unos 1,3 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria y protección urgentes en 2021. Los ataques de grupos armados no estatales se extendieron geográficamente y aumentaron en intensidad en 2020, lo que agravó considerablemente los riesgos de protección, especialmente para las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad, las personas ancianas y las personas que viven con el VIH/SIDA. Las denuncias de violaciones contra civiles por parte de grupos armados no estatales, incluidos asesinatos, decapitaciones y secuestros, aumentaron en 2020, y hubo denuncias de abusos por parte de las fuerzas gubernamentales.

El número de personas desplazadas por la crisis se cuadruplicó con creces entre marzo (110.000) y noviembre de 2020 (más de 500.000), y se estima que los niños representan el 45% de las personas desplazadas. Más del 90% de las personas desplazadas se alojan con familiares y amigos en "comunidades de acogida" cuyos recursos, ya de por sí escasos, se ven sometidos a presión por la creciente afluencia: en el distrito de Ibo hay ahora más desplazados que miembros de la comunidad de acogida; en la ciudad de Pemba han llegado más de 100.000 desplazados durante el último año, además de la población original de unas 224.000 personas. Mientras tanto, el 10% de los desplazados se encuentran en lugares colectivos que están superpoblados, carecen de privacidad y tienen un acceso limitado a un alojamiento seguro, agua y saneamiento. Esto contribuye a los riesgos de protección, incluida la violencia de género, el aumento del número de embarazos de niños y adolescentes y la mayor exposición a la explotación y a los mecanismos negativos para hacer frente a la situación, incluido el sexo transaccional.

Los servicios de salud, agua, saneamiento y educación en todo Cabo Delgado -que ya estaban al límite- se han visto afectados significativamente por la escalada de la violencia. La inseguridad ha dañado o destruido el 36% de los centros de salud en toda la provincia de Cabo Delgado y no hay centros de salud funcionales en los distritos más afectados por el conflicto (Mocomiboa da Praia, Macomia, Muidumbe y Quissanga). Esto ha reducido la capacidad de detectar y responder a los brotes de enfermedades, incluidos el cólera, el sarampión y la COVID-19. También ha afectado a la prestación de cuidados críticos, como la atención de la salud sexual y reproductiva, las actividades de inmunización, el acceso a los antirretrovirales y el tratamiento de la tuberculosis. Al mismo tiempo, se estima que 176.000 personas han perdido el acceso a su fuente primaria de agua debido a la interrupción de los servicios de las redes centralizadas de abastecimiento de agua como consecuencia del conflicto. La falta de acceso a instalaciones de agua potable e higiene es una preocupación importante y aumenta el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades: El 45% de los centros de salud de Cabo Delgado carecen de acceso al agua y el 85% de las escuelas carecen de instalaciones higiénicas adecuadas.

La inseguridad alimentaria va en aumento a medida que los conflictos y los desplazamientos repetidos, agravados por las catástrofes climáticas, han trastornado las actividades agrícolas y los medios de vida de las comunidades. Más de 900.000 personas de Cabo Delgado, Niassa y Nampula se enfrentan ahora a niveles de inseguridad alimentaria de crisis o emergencia (fases 3 y 4 de la CIF), mientras que la disrupción de los mercados debido a la inseguridad ha hecho subir el costo de los alimentos y los artículos domésticos.

Situación prevista para 2021 y más allá

Se prevé que las necesidades humanitarias y el desplazamiento en las provincias septentrionales de Cabo Delgado, Niassa y Nampula aumenten en 2021 debido a los efectos combinados de los fenómenos climáticos extremos y el aumento de la violencia y los ataques en Cabo Delgado. Se prevé que la violencia y los ataques den lugar a nuevas oleadas de desplazamientos y violaciones contra la población civil. Es probable que los desplazados sigan buscando seguridad en los distritos meridionales de la provincia de Cabo Delgado y, cada vez más, en las provincias vecinas de Nampula y Niassa. Esto ejercerá una mayor presión sobre el ya de por sí sobrecargado sistema de salud, agua, saneamiento y educación, y seguirá provocando inseguridad alimentaria en 2021.

El Gobierno de Mozambique ha indicado que tiene la intención de reubicar a las personas que llegan a esas zonas en lugares de reasentamiento oficialmente establecidos, lo que a su vez requerirá una atención y una acción considerables por parte de los socios internacionales para garantizar que cumplan las normas mínimas de respuesta de emergencia y que todo movimiento de población sea seguro, digno, voluntario e informado. Al mismo tiempo, es probable que las comunidades se enfrenten a impactos climáticos -especialmente inundaciones- que afectarán negativamente a las personas desplazadas que ya están luchando por sobrevivir y pondrán a prueba la capacidad de los socios humanitarios para llegar a las personas necesitadas, al tiempo que impedirán que la gente tenga acceso a los servicios esenciales, como se vio durante enero de 2020. Al mismo tiempo, las comunidades lucharán por hacer frente a la tensión socioeconómica adicional causada por la pandemia de la COVID-19, lo que debilitará su capacidad para hacer frente a las crisis y obligará a un número cada vez mayor de hogares a adoptar mecanismos negativos para hacer frente a la situación.

Prioridades de respuesta en 2021

En 2021, los socios humanitarios necesitarán 254,4 millones de dólares para ayudar a 1,1 millones de personas de un total estimado de 1,3 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria. Esto representa un aumento significativo con respecto a los 35,5 millones de dólares solicitados en el marco del Plan de respuesta rápida elaborado para Cabo Delgado en mayo de 2020, lo que se corresponde con el múltiple aumento de las necesidades humanitarias desde el principio hasta el final de 2020.

A fin de galvanizar los recursos y las medidas específicas para responder a las necesidades más graves del país, el Plan de respuesta rápida de Mozambique para 2021 se centra únicamente en las tres provincias septentrionales afectadas por el conflicto, la violencia, la inseguridad y el desplazamiento: Cabo Delgado, Niassa y Nampula. Dentro de estas provincias, los socios humanitarios llevarán a cabo respuestas multisectoriales para las personas desplazadas por la violencia y las comunidades de acogida vulnerables que necesiten protección, seguridad alimentaria, apoyo nutricional y acceso al agua potable, la atención sanitaria, la educación y el alojamiento.

Se ha dado una firme prioridad al PRH. Cada sector ha examinado todos los proyectos propuestos por sus socios para asegurarse de que se ajusten a las prioridades de los grupos temáticos y de la respuesta general, que aporten una buena relación calidad-precio y que aborden los temas intersectoriales, entre ellos el género, la protección, la rendición de cuentas a las personas afectadas y la prevención de la explotación y el abuso sexual. Además, se realizó un examen entre grupos temáticos para asegurar la complementariedad, evitar la duplicación y promover la acción de grupos temáticos múltiples para abordar temas que requieren más de una respuesta de un solo clúster.

Dada la gran complejidad del entorno operativo, el PRH incluye un fuerte componente de servicios comunes, entre otros de logística, coordinación, seguridad y participación comunitaria. Dado que el contexto evoluciona rápidamente, los socios humanitarios seguirán identificando enfoques adaptables, apropiados y eficaces para acceder a los más vulnerables en lugares "de difícil acceso", incluso mediante una respuesta rápida y móvil para garantizar la asistencia en zonas en las que los actores humanitarios no pueden mantener una presencia constante.

Escuchar y responder a las voces de las comunidades afectadas será un principio básico de la respuesta humanitaria de Mozambique. Esto también incluirá actividades para prevenir y responder a la explotación y el abuso sexual, de conformidad con la clara política de tolerancia cero de la comunidad humanitaria.

Análisis del contexto, crisis y necesidades

La prolongada crisis humanitaria de Somalia se caracteriza por los conflictos en curso, las catástrofes climáticas, incluidas las inundaciones y la sequía, los brotes de enfermedades transmisibles y la escasa protección social. Desde principios de 2020, otras dos crisis han contribuido al deterioro de las condiciones humanitarias: la infestación por langosta del desierto y la pandemia de la COVID-19.

Las inundaciones desplazaron a 840.000 personas en los primeros 10 meses de 2020 y destruyeron infraestructuras, propiedades y 144.000 hectáreas de tierras agrícolas. Somalia también experimentó la peor invasión de langostas del desierto en 25 años; decenas de miles de hectáreas de tierras de cultivo y pastos resultaron dañadas, con consecuencias potencialmente graves para la agricultura y los medios de vida basados en el pastoreo.

Las comunidades que viven en zonas de conflicto se vieron gravemente afectadas por la violencia armada. Los civiles sufrieron las consecuencias más graves debido a los muertos y heridos, la destrucción de bienes, la imposición de impuestos a las comunidades (incluso mediante el reclutamiento forzoso de niños), la apropiación indebida de tierras, la destrucción de los medios de vida, la limitada libertad de circulación y el acceso limitado a los servicios y la asistencia humanitaria.

La COVID-19 repercutió directamente en la vida de los somalíes, empeorando los patrones de vulnerabilidad. Esto se sumó a los continuos brotes de enfermedades como cólera, sarampión y, recientemente, poliomielitis provocada por una vacuna. Los proveedores de atención de la salud se han enfrentado a mayores cargas y costos, obligados a alterar la forma en que se presta la atención de salud. Las restricciones también han perturbado la prestación presencial de asistencia humanitaria, las evaluaciones del impacto, la selección de los beneficiarios y la calidad de la respuesta. Sin embargo, los socios ampliaron con éxito las transferencias de dinero móvil y pasaron a realizar evaluaciones a través de los teléfonos móviles.

El número de personas necesitadas ha aumentado constantemente en los últimos tres años, de 4,2 millones en 2019 a 5,2 millones en 2020 y 5,9 millones en 2021. Esto se refleja además en el número de personas desplazadas en 2020: 1,2 millones. Esta es la cifra más alta de los últimos tres años, con 884.000 en 2018 y 770.000 en 2019. Otros factores, como el género, la edad y la discapacidad, se suman al nivel de vulnerabilidad, los riesgos y las barreras que se enfrentan. Por ello, es necesario tenerlos en cuenta en la respuesta humanitaria.

Situación prevista para 2021 y más allá

Sobre la base del análisis de riesgos, es muy probable que las catástrofes climáticas sigan afectando a las personas más vulnerables de Somalia en 2021. Se prevé que las condiciones de sequía se produzcan a principios de 2021, ya que es probable que La Niña cause una disminución de las precipitaciones en la estación lluviosa de Deyr (octubre-diciembre), lo que afectará a la producción agrícola. Dada la fragilidad de la seguridad alimentaria del país, es probable que esto tenga un efecto devastador mucho más allá de principios de 2021. Además, a pesar de las medidas de control en curso, es muy probable que las condiciones sigan siendo favorables para que las langostas continúen reproduciéndose y desarrollándose, lo que aumentará la inseguridad alimentaria y los efectos en los medios de subsistencia.

Los acontecimientos climáticos recientes muestran que, incluso en condiciones de sequía, las lluvias intensas y localizadas pueden causar daños y desplazamientos. Se prevé que las inundaciones vuelvan a ocurrir durante la temporada de lluvias Gu 2021 (abril-junio). Sin embargo, es posible que no sea tan grave como en 2020. El número de personas afectadas por las inundaciones ha aumentado considerablemente en los últimos años, con 840.000 desplazados en 2020, 416.000 en 2019 y 281.000 en 2018.

La pandemia de la COVID-19, junto con otras enfermedades transmisibles y un brote de cólera en curso, seguirá afectando a los somalíes más vulnerables y poniendo a prueba el ya débil sistema de salud. Según una estimación mundial de la OMS, el 20% de la población de Somalia sufrirá los efectos directos e indirectos de la pandemia en 2021.

Se prevé que el conflicto armado y la inseguridad seguirán impulsando las necesidades y provocando desplazamientos, al tiempo que obstaculizarán la eficacia de las operaciones humanitarias y el acceso a las comunidades vulnerables o marginadas. Debido a la situación de seguridad en Yemen y a la inestabilidad intermitente en Etiopía, se espera que Somalia siga recibiendo refugiados y solicitantes de asilo. Se prevé que más de 28.000 refugiados y solicitantes de asilo necesitarán asistencia y apoyo en 2021.

Prioridades de la respuesta en 2021

A pesar de las dificultades operativas y de acceso, los socios humanitarios llegaron a más de 2,3 millones de personas de los 3 millones previstos en 2020. Para 2021, los socios humanitarios prevén un aumento del número de personas necesitadas, como consecuencia de las crisis climáticas, los conflictos y el aumento de la vulnerabilidad. Por consiguiente, el objetivo es ayudar a 4 millones de personas, incluidos los desplazados internos, los refugiados y los repatriados, a tener acceso a los servicios básicos y al apoyo a los medios de subsistencia, al tiempo que se presta asistencia alimentaria que salva vidas a 3,1 millones de desplazados internos y no desplazados internos en las fases de crisis y emergencia de la inseguridad alimentaria.

Una prioridad clave de la respuesta es asegurar que 2,8 millones de personas reciban asistencia crítica y vital para que su salud, nutrición y capacidad de supervivencia a corto plazo no se vean comprometidas. Los niños menores de 5 años, las mujeres vulnerables y las personas con discapacidad se encuentran entre los más vulnerables de las poblaciones de desplazados internos y no desplazados internos.

La falta de protección contra la violencia, el abuso y el abandono sigue siendo una consecuencia importante de la actual crisis humanitaria para hasta 4 millones de personas. Por consiguiente, la centralidad de la protección es una prioridad fundamental en toda la respuesta humanitaria, incluido el fortalecimiento del entorno general de protección de todas las poblaciones afectadas mediante la incorporación de la protección, la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, los derechos humanos y la vigilancia de los desalojos.

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

Al entrar en su octavo año la crisis humanitaria en Sudán del Sur, aproximadamente dos tercios de la población necesitan alguna forma de asistencia humanitaria. Años de conflicto, violencia subnacional, inseguridad alimentaria, graves inundaciones y ahora la pandemia de la COVID-19 han provocado un aumento de la vulnerabilidad de la población.

Más de 1.500 personas⁴ fueron asesinadas y más de 157.000 desplazadas a causa de la violencia subnacional durante la primera mitad de 2020. Se han secuestrado mujeres y niños, y se registraron más de 6.000 incidentes de violencia de género entre enero y septiembre de 2020.

Persistió la inseguridad alimentaria en las comunidades de todo el país. Al menos 6,5 millones de personas padecían una inseguridad alimentaria aguda durante el período de carestía de 2020. Los hogares se vieron afectados negativamente por la COVID-19 y las crisis económicas vinculadas a la depreciación de la libra sursudanesa, que provocaron aumentos drásticos de los precios de los alimentos. Entre agosto y mediados de septiembre de 2020, el costo de la canasta de alimentos aumentó en un 42%. Se calcula que en 2020 había 1,3 millones de niños y 350.000 mujeres con desnutrición aguda.

Los repetidos desplazamientos desencadenados por la violencia y las inundaciones en 2020 se produjeron en lugares que ya experimentaban múltiples crisis, como el estado de Jonglei y la zona administrativa del Gran Pibor. Se estima que las inundaciones han afectado a unas 800.000 personas en casi la mitad de los condados de Sudán del Sur y han desplazado temporalmente a casi 400.000 personas.

El país sigue luchando contra los brotes de enfermedades debido a la baja cobertura de inmunización, la debilidad del sistema de salud y las deficiencias en materia de higiene y saneamiento. Enfermedades como la malaria y las infecciones transmitidas por el agua siguen afectando a la población. El brote de la COVID-19 aumentó la presión sobre los limitados servicios de salud e interrumpió el aprendizaje. Más de 2,2 millones de niños no están escolarizados y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada.

La población es más vulnerable a las enfermedades transmitidas por el agua, dadas las vastas zonas geográficas afectadas por las inundaciones, con una temporada de lluvias prolongada. El acceso a los servicios de atención de la salud seguirá siendo un problema para muchas personas, ya que el 44% de la población vive a unos 5 kilómetros de un centro de salud.

Alrededor de 1,6 millones de personas están desplazadas internamente. La mayoría (75%) vive en comunidades de acogida y el 25% restante en entornos similares a los campamentos, incluidos los de protección de civiles y los campamentos de desplazados internos. Más de 2,2 millones de refugiados de Sudán del Sur buscan refugio en la región, y el principal éxodo en 2020 se atribuye a la inseguridad, las inundaciones y la escasez de alimentos en las posibles zonas de retorno. Alrededor de 1 millón de desplazados internos y 285.000 refugiados han regresado espontáneamente, y muchos siguen siendo vulnerables debido a la falta de acceso a servicios, refugio y protección.

El acceso humanitario se deterioró en 2020, con repetidos actos de violencia contra los trabajadores y los suministros humanitarios. Entre enero y septiembre de 2020 se registraron aproximadamente 450 incidentes violentos contra el personal y los recursos humanitarios. Nueve trabajadores humanitarios fueron asesinados mientras prestaban asistencia humanitaria para salvar vidas entre enero y octubre de 2020.

A pesar de estos problemas, 5,6 millones de personas recibieron asistencia alimentaria y apoyo a los medios de subsistencia, y 1,1 millones de niños y mujeres en el posparto recibieron servicios de nutrición. En 2020 se realizaron más de 3,6 millones de consultas de salud.

Situación prevista para 2021 y más allá

El conflicto, la crisis económica, las inundaciones y los brotes de enfermedades seguirán siendo los principales factores que impulsan las necesidades humanitarias en Sudán del Sur. Se espera que en 2021 continúe el progreso limitado del acuerdo de paz y las tensiones políticas y de seguridad. La violencia subnacional prevista causará más desplazamientos y aumentará las necesidades humanitarias. Los temas de protección, incluida la violencia de género, siguen siendo motivo de preocupación. Se espera que los desplazados internos permanezcan en los campamentos para desplazados internos que anteriormente eran sitios de protección de civiles (PdC) y en las comunidades de acogida debido a la falta de servicios básicos en sus zonas de origen.

Se prevé que la inseguridad alimentaria se deteriorará en 2021 en comparación con 2020, debido a la inseguridad, los efectos de la COVID-19, las inundaciones, la continua crisis económica y el fuerte aumento de los precios de los alimentos. Se estima que el número de personas de Sudán del Sur que necesitarán asistencia alimentaria en el pico del período de escasez en 2021 aumentará considerablemente, a la espera de las conclusiones de la CIF. Los niveles más altos de seguridad alimentaria se concentran en las zonas afectadas por crisis recurrentes, como la violencia y las inundaciones, en particular en los estados de Jonglei, el Alto Nilo, Unity, Lakes y Warrap. Es probable que la disponibilidad y el acceso limitados a los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene y la escasa cobertura de vacunación causen brotes de enfermedades, ya que la COVID-19 sigue ejerciendo una presión adicional sobre el sobrecargado sistema de salud. Las organizaciones humanitarias se enfrentarán a crecientes limitaciones de acceso, incluidos impedimentos burocráticos que afectarán a su capacidad de responder eficazmente a las necesidades de la población.

Prioridades de la respuesta en 2021

En 2021,⁵ la respuesta humanitaria se guiará por tres objetivos estratégicos generales: i) reducir la morbimortalidad entre las poblaciones vulnerables; ii) facilitar el acceso a los servicios básicos intersectoriales; iii) permitir a las poblaciones hacer frente a las crisis repetidas y encontrar soluciones a los desplazamientos. La centralidad de la protección será el fundamento de la respuesta, incluida la prevención de la violencia de género y la respuesta a ella.

A medida que la crisis humanitaria continúa, los recursos son insuficientes para responder adecuadamente a las crecientes necesidades. Los niveles de financiación del llamamiento para 2020 son bajos en comparación con el mismo período del año pasado. Al 24 de noviembre, el PRH y su adenda por la COVID-19, en la que se solicitaban 1.900 millones de dólares, estaban financiados en un 51%. Responder a las necesidades de las personas y, al mismo tiempo, mitigar y prevenir la transmisión de la COVID-19 aumentará el costo de la atención. Las múltiples causas de las necesidades que se agravan entre sí requerirán más recursos para apoyar una respuesta ágil y oportuna.

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

La continua transición política ha abierto oportunidades para la consolidación de la paz y la participación internacional. Sin embargo, las necesidades humanitarias han seguido aumentando, impulsadas por una crisis económica, la COVID-19, niveles récord de inundaciones, conflictos localizados y brotes de enfermedades.

En 2020 se han registrado algunos avances para hacer frente a la crisis económica. En una conferencia internacional se obtuvieron promesas de apoyo financiero, incluso para un programa de transferencia de efectivo; el FMI inició un programa de apoyo a las reformas económicas; y el Gobierno de los Estados Unidos anunció la intención de retirar a Sudán de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, lo que constituye un impedimento para garantizar el alivio de la deuda y el financiamiento internacional. Sin embargo, este apoyo todavía no es suficiente para permitir las reformas económicas y mitigar al mismo tiempo los efectos en las personas vulnerables. La economía ha seguido deteriorándose, exacerbada por el impacto socioeconómico de la COVID-19, con el aumento de la inflación, la escasez de combustible y medicamentos y el aumento de los precios de los alimentos.

El conflicto sigue siendo inferior a los niveles de 2016 y anteriores. En 2020, el Gobierno llegó a un acuerdo de paz con varios grupos armados en Darfur, el Nilo Azul y Kordofan del Sur (las Dos Áreas), aunque dos grupos clave que controlan ciertas partes del país aún no han firmado este acuerdo. No obstante, se han producido varios incidentes de violencia en Darfur, Kordofán del Sur y Sudán oriental que han afectado a cerca de 100.000 personas. La preocupación por la protección sigue siendo un factor determinante de las necesidades humanitarias del país. Si bien el proceso de paz puede abrir oportunidades para soluciones duraderas, éstas aún no se han encontrado. Millones de personas siguen viviendo en situación de desplazamiento prolongado dentro y fuera del país en calidad de refugiados.

La escalada militar que comenzó el 3 de noviembre en Etiopía (región de Tigray) dio lugar a una afluencia de refugiados en Sudán del Este. Al 22 de noviembre, 40.277 refugiados etíopes han cruzado la frontera con Sudán, en comparación con 146 personas el 9 de noviembre. Los socios humanitarios, bajo la dirección de ACNUR, tienen previsto responder a 100.000 inmigrantes procedentes de Etiopía en un plazo de seis meses y elaborar un plan de contingencia para 200.000 personas durante el mismo período.

Continúan los nuevos brotes de malaria, poliomielitis, chikungunya y fiebre hemorrágica viral. El aumento del número de infecciones por la COVID-19 está ejerciendo una presión adicional sobre un sistema de salud ya débil. En 2020 también se produjo el peor episodio de inundaciones en décadas, que afectó a casi 900.000 personas, dañó viviendas y provocó pérdidas de medios de subsistencia y de producción agrícola.

Situación prevista para 2021 y más allá

Se prevé que un total de 13,4 millones de personas (más de la cuarta parte de la población) necesitarán asistencia humanitaria en 2021. Esto representa un aumento de un tercio desde 2020 y el nivel más alto en una década. Alrededor de 7,3 millones de personas necesitarán asistencia de emergencia para necesidades que pongan en peligro su vida, mientras que 13 millones de personas necesitarán servicios humanitarios debido a que el nivel de vida es muy bajo. Las necesidades más importantes incluyen la salud, el agua y el saneamiento, y la seguridad alimentaria. Un total de 7,8 millones de personas necesitadas son mujeres y niñas. Entre los grupos especialmente vulnerables se encuentran 2,5 millones de desplazados internos y 1,1 millones de refugiados, en su mayoría de Sudán del Sur. Poco más de la mitad de las personas necesitadas se encuentran en los estados afectados por el conflicto de Darfur y las Dos Áreas, que tienen las tasas más altas de inseguridad alimentaria. Pero los mayores aumentos de personas necesitadas han sido en el este y el centro, provocados por la crisis económica. Las preocupaciones de protección seguirán siendo prominentes, con un mayor impacto en las personas más vulnerables.

Es probable que los factores causantes de la necesidad persistan hasta el año 2021. Obtener acceso al alivio de la deuda y a los financiamientos de las IFI llevará tiempo. Los esfuerzos de reforma económica siguen estando en peligro, ya que el apoyo de los donantes no está todavía al nivel necesario para mitigar los posibles efectos dolorosos en la población. Es probable que la situación económica limite las mejoras de los sistemas de salud, y es probable que continúen ocurriendo brotes importantes de enfermedades, ya que los avances para hacer frente a los desplazamientos prolongados requerirán una inversión significativa en desarrollo y servicios. Es probable que se vuelvan a producir inundaciones de gran magnitud, aunque no sea a los niveles de 2020.

Después de 2021, la evolución de las necesidades dependerá de la crisis económica, la estabilidad de la transición política, el proceso de paz y el apoyo económico y de desarrollo internacional. La Paz de Juba ha vuelto a retrasar la transición - hasta enero de 2024 - con el traspaso de los militares en julio de 2022. Permite a sus firmantes postularse para elecciones en el futuro y les da un lugar en el ejecutivo. Es probable que a medio plazo persistan importantes necesidades humanitarias.

Prioridades de la respuesta en 2021

A medida que han aumentado las necesidades, las organizaciones humanitarias han incrementado la asistencia a pesar de los problemas operativos que plantean la COVID-19 y la crisis económica. Sin embargo, sigue habiendo déficit en la financiación. Las mejoras en el acceso humanitario bajo el Gobierno civil de transición -incluidas las zonas bajo control de grupos armados no estatales- han facilitado la prestación de la ayuda. Si bien la financiación de las operaciones humanitarias en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 2011, no se mantuvo a la par del crecimiento de las necesidades, lo que dio lugar a un déficit de financiación mayor que en 2019. En general, las operaciones humanitarias llegaron a 8,8 millones de personas en 2020 con algún tipo de asistencia. Se necesita un total de 1.800 millones de dólares para apoyar la respuesta humanitaria en 2021. El PRH de 2021 se basa en el cálculo de costos por actividades y en el número de personas destinatarias de la asistencia.

En 2021, el PRH dará prioridad a la asistencia multisectorial para salvar vidas en las zonas con mayor convergencia de gravedad de las necesidades, incluida la preparación de la respuesta para las inundaciones recurrentes, los conflictos y los brotes de enfermedades. Los socios ampliarán la asistencia alimentaria, la prevención y la respuesta a las enfermedades y la respuesta de emergencia a las personas recientemente desplazadas por los conflictos o las inundaciones. En la respuesta también se dará prioridad a los servicios vitales, como los servicios sanitarios esenciales (incluidas la vacunación y la atención prenatal), la vigilancia y la respuesta a las enfermedades transmitidas por el agua y las transmitidas por vectores, la educación, las oportunidades de subsistencia, el agua y el saneamiento, la nutrición suplementaria y la alimentación escolar, con el fin de evitar un mayor deterioro.

Por último, el PRH dará prioridad al enfoque de las necesidades de protección basado en los derechos, en particular en Darfur, donde está previsto que concluya la misión de mantenimiento de la paz de la UNAMID. El modus operandi de la prestación de ayuda humanitaria apoyará, en la medida de lo posible y según proceda, el desarrollo de la capacidad de la comunidad para sostener soluciones duraderas y promover la paz social.

Análisis del contexto, la crisis y las necesidades

En 2021, 6,8 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en Zimbabwe, principalmente debido a las crisis climáticas y a los desafíos macroeconómicos imperantes, agravados por la pandemia de la COVID-19. En el último año, el costo de los productos básicos ha aumentado considerablemente. Se estima que la pobreza ha afectado al menos al 47% (7,6 millones de personas) de la población del país en 2020, en comparación con el 40% (6,6 millones de personas) en 2019. Las mujeres, que constituyen el 65% del sector informal, se ven afectadas de manera desproporcionada por las dificultades económicas.

Tras las lluvias estacionales relativamente buenas de 2019/2020 y un importante aumento de la asistencia alimentaria, se produjo una reducción de la grave inseguridad alimentaria en 2020 en comparación con 2019. Sin embargo, se prevé que casi 3,4 millones de personas de las zonas rurales se enfrentarán a una inseguridad alimentaria de crisis o emergencia (fase 3 de la CIF o superior) durante el período de carestía de 2020/2021 (enero-marzo) y que 2,3 millones de personas de las comunidades urbanas padecerán inseguridad alimentaria en 2021. Según la ZimVAC, en 2020 los ingresos de los hogares se reducirán en promedio un 51,5% en comparación con los de 2019. Se estima que 1,2 millones de personas en la fase 2 de la CIF (estresada) estarían al menos una fase peor si no fuera por la asistencia continua. Es vital que esta asistencia continúe durante el período de carestía de 2020/2021.

Zimbabwe experimentó un fuerte aumento de las preocupaciones en materia de protección durante el confinamiento por la COVID-19, incluida la violencia de género, en 2020. De enero a septiembre de 2020, se notificaron 5.507 casos de violencia de género a través de la línea telefónica nacional de atención a la violencia de género, lo que representa un aumento del 200% en comparación con el mismo período de tiempo en 2019.

Los niños se han visto afectados de manera particular por la situación humanitaria imperante. Más de 4,6 millones de niños perdieron el acceso a la educación y a los mecanismos de referencia que se ofrecen en las escuelas, mientras que más de 1,7 millones de niños perdieron el acceso a los programas de alimentación escolar. La situación humanitaria en Zimbabwe ha causado una disminución de los hábitos alimentarios de calidad, mientras que el acceso a los servicios de nutrición se ha visto interrumpido. Los hogares con dificultades han informado de un aumento del uso de mecanismos negativos para hacer frente a la situación, como el trabajo infantil, el matrimonio precoz y el sexo transaccional, mientras que los problemas económicos están creando obstáculos para que los niños vuelvan a la escolarización, especialmente las niñas.

Situación prevista para 2021 y más allá

La economía de Zimbabwe sigue siendo impredecible y es probable que la inflación continúe en 2021. En 2020, la inflación intermensual alcanzó un máximo de 35,53 en julio, mientras que la inflación interanual alcanzó un máximo de 785,6% en mayo. Es improbable que el entorno macroeconómico estresado mejore a corto plazo y se espera que tenga un efecto negativo en los medios de vida, los ingresos y el acceso a los productos básicos de los hogares, como se puso de relieve en el ZimVac de 2020.

Los pronósticos de lluvia ofrecen una perspectiva más positiva para la temporada 2020/2021, y se prevé que la producción de cultivos mejore ya que se están realizando esfuerzos para fomentar la producción agrícola, incluso mediante métodos de agricultura de conservación ("Pfumvuzda"). Sin embargo, la producción seguirá siendo un 30% inferior a los promedios quinquenales y decenales y los múltiples riesgos podrían afectar negativamente a la cosecha de 2020/2021, incluido el brote de langosta migratoria africana. Las precipitaciones previstas son superiores a la media y podrían crear un entorno de reproducción favorable para un brote. Ya se observan enjambres y langostas en Manicaland Providence y Hwange. Si no se controlan, los daños causados por la langosta a los cultivos tendrían un efecto multiplicador en la inseguridad alimentaria de las comunidades ya afectadas por las anteriores sequías y por la COVID-19.

Es probable que persistan las interrupciones de los servicios críticos -incluidos los de protección de la infancia, educación, salud y agua y saneamiento- debido a las inundaciones, la sequía, la COVID-19, los desafíos económicos imperantes, las posibles huelgas de los funcionarios públicos más importantes y los apagones. La situación económica ha limitado el acceso a la atención de la salud reproductiva y la pandemia está ejerciendo presión sobre la envejecida infraestructura sanitaria. Los apagones han interrumpido la atención a los pacientes en estado crítico y los medicamentos y productos básicos se han enfrentado a la falta de existencias. Las precipitaciones medias o superiores a la media -previsión para la temporada de lluvias de 2020-2021- y el empeoramiento del acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado, podrían aumentar el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades transmitidas por el agua, especialmente durante la primera mitad de 2021.

Prioridades de la respuesta en 2021

En el Plan de respuesta humanitaria de Zimbabwe para 2021 se solicita la suma de 505,5 millones de dólares para prestar asistencia para salvar y mantener la vida de casi 4,5 millones de personas, de los 6,8 millones que se calcula que están en situación de necesidad. En consulta con el Gobierno de Zimbabwe, el PRH da prioridad a la respuesta a las inundaciones, la sequía, la COVID-19 y la situación económica imperante. La cartera de proyectos para 2021 se ha priorizado sólidamente mediante un proceso de dos etapas. Los grupos temáticos (clúster) emprendieron exámenes sectoriales intensivos de las actividades planificadas en función de la gravedad de las necesidades y la capacidad de los socios. Luego examinaron las propuestas de cada uno de ellos para eliminar la duplicación y promover sinergias al abordar asuntos críticos que requieren una respuesta multisectorial (por ejemplo, la violencia de género, la desnutrición). Esto también les permitió abordar colectiva y eficazmente temas intersectoriales, entre ellos el de la centralidad de la protección, la respuesta sensible al género y la prevención de la explotación y el abuso sexuales.

La reducción de las necesidades financieras de 2020 a 2021 refleja este riguroso proceso, más que una reducción de la escala de la crisis. También fue un esfuerzo intensivo, realizado en estrecha coordinación con los actores del desarrollo, para determinar qué actividades se incorporarán al PRH, frente a las que se incorporarán a los marcos de desarrollo, incluido el nuevo Marco Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Por último, se incorporó al PRH la programación basada en el efectivo, siempre que fuera factible.