Un deterioro económico histórico está dando marcha atrás a los avances en materia de desarrollo y las perspectivas de recuperación son inciertas

La COVID-19 ha desencadenado la recesión mundial más profunda desde la Gran Depresión de los años 30. El FMI proyecta que el PIB mundial se contraerá en un 4,4 por ciento en 2020.¹ Se prevé que las economías avanzadas se contraigan en un 5,8% en 2020, que los mercados emergentes y las economías en desarrollo se contraigan en un 3,3% y que el crecimiento de los países de bajos ingresos se contraiga en un 1,2%.²

En el último año se ha producido el mayor colapso de los ingresos per cápita desde 1870. El Banco Mundial prevé que para fines de 2021 el PIB real per cápita del África subsahariana probablemente retroceda al mismo nivel que el de 2007. Se prevé que la recuperación en 2021 será modesta y desigual, recuperando en su mayor parte la producción perdida.

La pobreza extrema está aumentando por primera vez desde 1998. Entre 88 y 115 millones de personas podrían volver a caer en la pobreza extrema debido a la COVID-19, con un aumento adicional de entre 23 y 35 millones de personas en 2021, con lo que el número total de nuevas personas que viven en la pobreza extrema podría situarse entre 110 y 150 millones. Los mayores aumentos se prevén en el Asia meridional y el África subsahariana.³ Si no se adoptan rápidamente medidas de política, la tasa de pobreza mundial podría llegar al 7% en 2030, en relación con la proyección prepandémica del 3%.⁴

El desempleo está aumentando drásticamente. En comparación con los niveles prepandémicos, las pérdidas totales de horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020 fueron del 17,3%, lo que equivale a 495 millones de empleos a tiempo completo en todo el mundo. Las proyecciones para el último trimestre de 2020 siguen siendo poco alentadoras, con unas pérdidas de horas de trabajo de referencia que ascienden al 8,6%, lo que equivale a 245 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en todo el mundo. Si una segunda oleada de infecciones por COVID-19 diera lugar a cierres generalizados de lugares de trabajo, las pérdidas de horas de trabajo para el último trimestre de 2020 podrían aumentar hasta el 18%, lo que equivale a 515 millones de empleos a tiempo completo. Esas contracciones perjudicarán especialmente al sector informal, creando altos niveles de vulnerabilidad en los hogares. Casi el 80% de los 2.000 millones de trabajadores que se calcula que hay en el sector informal se han visto afectados de manera significativa por estas reducciones de las horas de trabajo, lo que ha creado altos niveles de vulnerabilidad en los hogares. Muchos de ellos trabajan en los sectores más afectados, como los servicios de alojamiento y alimentación, la industria manufacturera y el comercio minorista. Las mujeres -que constituyen la mayoría de los trabajadores del sector informal y están sobrerrepresentadas a nivel global en esos sectores- se han visto desproporcionadamente afectadas por las pérdidas económicas. ⁵

Incluso antes de la pandemia se observaban tendencias económicas preocupantes, con indicios de una inminente crisis de la deuda en los países en desarrollo. Antes del brote de la COVID-19, el 44% de los países de bajos ingresos y menos adelantados corría un alto riesgo de sufrir problemas de endeudamiento o ya estaba en esa situación.⁶ Once de los 25 países que tienen un plan de respuesta humanitaria (HRP por su sigla en inglés) en 2020 corren un alto riesgo de sufrir problemas de endeudamiento o están en esa situación.⁷ Las remesas mundiales, que son un salvavidas para muchos, se contrajeron bruscamente en el primer semestre del año, pero al momento de redactar el presente informe estaban dando señales de recuperación. Los países de bajos ingresos y exportadores de productos básicos se vieron especialmente afectados por la caída de los precios del petróleo de este año. Las economías en desarrollo, incluidos los pequeños estados insulares, también se vieron profundamente afectadas por el casi colapso global de los viajes y el turismo. ⁸

La rápida disponibilidad y despliegue de fondos internacionales para apoyar a los países en desarrollo será crucial para crear un margen fiscal. El Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido la suspensión de la deuda y, en última instancia, la reestructuración de la deuda de los países en desarrollo.⁹ ILas instituciones financieras internacionales (IFI) y el G-20 están brindando reducción del servicio mínimo de la deuda y han respondido a las solicitudes de financiación de emergencia, pero siguen existiendo importantes vacíos.¹⁰ Hasta la fecha, las principales IFI¹¹ hhan comprometido 85.100 millones de dólares de los EE.UU. a países de ingresos bajos y medios para la respuesta a la COVID-19, excluyendo dos líneas de crédito flexibles a gran escala para el Perú y Colombia. La mayoría de esos fondos son préstamos (93%), lo que aumenta aún más la presión de la deuda. Aproximadamente el 9% (10.100 millones de dólares) de la financiación de la respuesta a la COVID-19 se ha comprometido a países de bajos ingresos.¹²

La AOD ha cobrado cada vez más importancia, habida cuenta de la disminución del 49% de la inversión extranjera directa.¹³ El crecimiento de la AOD aumentó ligeramente en 2019 (1,4%) hasta llegar a 152.000 millones de dólares, pero una recesión económica a más largo plazo podría provocar una fuerte caída de los niveles mundiales de la AOD. El nivel general de la AOD podría disminuir en 2020 en 11.000 millones de dólares a 14.000 millones de dólares, dependiendo del efecto de la recesión en los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE.¹⁴ Dependiendo de la velocidad de la recuperación económica mundial, es posible una caída de 25.000 millones de dólares para 2021.¹⁵

Proteger al 10% de las personas más vulnerables del mundo de los peores efectos de la pandemia costaría 90.000 millones de dólares. Esto equivale a menos del 1% del conjunto de medidas de estímulo mundial relacionadas con la COVID-19 (12 billones de dólares) aplicadas por los países de la OCDE y el G20.¹⁶ Sin la combinación adecuada de asistencia de socorro y recuperación suficiente, el costo de la inacción para la salud pública, la nutrición, la pobreza, el bienestar social, la seguridad alimentaria, la educación, la protección, la economía, la estabilidad y los conflictos aumentará exponencialmente. Esta asistencia debe basarse en los derechos humanos y en el marco de las Naciones Unidas para la respuesta socioeconómica inmediata a la COVID-19.¹⁷