El desplazamiento está aumentando mientras las soluciones duraderas siguen siendo esquivas

En el último decenio se ha registrado el mayor número de personas desplazadas internamente por conflictos y violencia: 79 millones de personas fueron desplazadas entre 2010-2019.

Las personas desplazadas internamente (PDI) siguen constituyendo la mayoría de las personas que huyen de los conflictos, la violencia y los desastres naturales, mientras que las soluciones duraderas siguen siendo esquivas. Muchas de esas personas siguen estando en situación de desplazamiento prolongado. Sólo en 2019, los desastres causaron 24,9 millones de nuevos desplazamientos, mientras que 8,5 millones de personas fueron desplazadas recientemente por los conflictos y la violencia.¹ Se calcula que a finales de 2019 había 50,8 millones de desplazados internos tanto nuevos como ya existentes, incluida una cifra récord de 45,7 millones de personas desplazadas a causa de conflictos y violencia.² Las cifras preliminares indican que entre enero y junio de 2020 se produjeron otros 14,6 millones de nuevos desplazamientos en 127 países y territorios. Los conflictos y la violencia provocaron 4,8 millones de desplazamientos, y los desastres provocaron 9,8 millones. La mayoría de los desplazamientos inducidos por conflictos tuvieron lugar en África y el Oriente Medio, mientras que la mayoría de los desplazamientos inducidos por desastres se produjeron en Asia.³

Las cifras del primer semestre de 2020 para Camerún, Mozambique, Níger y Somalia ya son superiores a las de todo el año 2019. Burkina Faso, la República Democrática del Congo (RDC) y Siria también registraron un número importante de desplazamientos inducidos por conflictos. Así pues, es probable que las cifras totales de desplazamientos relacionados con los conflictos para 2020 sean incluso superiores a las de 2019.⁴

El número de refugiados se duplicó de 10 millones en 2010 a 20,4 millones en 2019.⁵ Más de dos tercios de los desplazamientos transfronterizos a finales de 2019 se originaron en sólo cinco países: Afganistán, Myanmar, Sudán del Sur, Siria y Venezuela. Los países en desarrollo acogen al 85% de los refugiados.⁶ A medida que las crisis se vuelven cada vez más complejas y prolongadas, menos refugiados pueden regresar a sus hogares. Sólo 3,9 millones de refugiados regresaron entre 2010 y 2019, en comparación con casi 10 millones en el decenio anterior.⁷

Los desplazados internos y los refugiados son particularmente vulnerables a la COVID-19 y sus efectos secundarios. El riesgo de que se produzcan brotes de la COVID-19 en campamentos o entornos similares a los campamentos sigue siendo real. Esto se debe a las condiciones de vida de hacinamiento y al acceso limitado al agua, saneamiento e instalaciones de salud. Las restricciones a la circulación han impedido los regresos voluntarios o la huida de zonas inseguras, y los solicitantes de asilo se enfrentan a problemas particulares,⁸ mientras que el acceso a los procedimientos de asilo se ha visto obstaculizado en algunos países. La estigmatización y la discriminación contra las personas desplazadas por la fuerza van en aumento. Y los mayores riesgos de protección que enfrentan los desplazados internos y los refugiados en tiempos normales se han exacerbado con la COVID-19, especialmente para las mujeres y las niñas. El índice de riesgo de INFORM COVID-19 muestra que 6 de los 10 países con mayor riesgo de sufrir la COVID-19 albergan una población combinada de 17,7 millones de PDI.⁹

Los impactos directos sobre la salud de la COVID-19 se verán eclipsados por los indirectos. Entre ellas figuran las interrupciones de las campañas de inmunización y los servicios de salud esenciales, el aumento de la inseguridad alimentaria y las repercusiones económicas. Todo esto afectará con especial dureza a las personas desplazadas por la fuerza, privando a muchas de ellas de sus medios de vida y sus empleos, en particular en la economía informal.¹⁰ Según una encuesta realizada entre los desplazados internos y los refugiados en 14 países, el 77% había perdido un empleo o un ingreso desde marzo de 2020, el 71% informó que tenía dificultades para pagar el alquiler u otros gastos básicos de vivienda (muchos habían sido desalojados) y el 70% había reducido el número de comidas para su hogar.¹¹

La vulnerabilidad de las personas desplazadas por la fuerza a la COVID-19 exige que se incluyan en las respuestas nacionales a la pandemia, que se preste mayor atención a los esfuerzos por hacer frente a la violencia basada en género entre las poblaciones desplazadas, que se promueva la lucha contra la estigmatización y la discriminación y que se ponga fin a los retornos forzosos a lugares de origen inseguros.

Lo que es más importante es que la COVID-19 refuerza el imperativo de promover soluciones duraderas para las personas desplazadas por la fuerza, lo que reducirá las vulnerabilidades subyacentes. El Grupo de Alto Nivel sobre el Desplazamiento Interno del Secretario General de las Naciones Unidas, que celebró su primera reunión en febrero de 2020, tiene el mandato de presentarle al Secretario General recomendaciones innovadoras y concretas para los Estados Miembros, las Naciones Unidas, las ONG y otras partes interesadas a fin de prevenir y responder mejor a los desplazamientos internos y lograr soluciones al respecto. El informe del Grupo está previsto para septiembre de 2021.